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Los centros escolares concertados sufren a menudo un trato discriminatorio, en materia salarial y en el apoyo a su desarrollo y mejora, cuando están prestando un servicio a la sociedad, que merece el respaldo público. Desde hace cuatro meses el Govern no les abona las cantidades acordadas para los gastos de funcionamiento, lo que puede afectar al cobro de las nóminas del personal no docente del mes de julio. Los 110 centros concertados de Balears deberían haber percibido alrededor de 6 millones de euros, en conjunto, y algunos de ellos han debido acudir a las entidades financieras para poder mantener la actividad. De todas formas, han advertido que si se mantiene esta dinámica será difícil iniciar el próximo curso con normalidad. Esta advertencia afecta a la nueva administración autonómica, que deberá resolver el problema que hereda. No es el único relativo a la morosidad de la administración, como se ha comprobado con el sector del transporte escolar o las agencias de viaje por el traslado de los pacientes de la sanidad pública. Los centros piden que la administración, al menos, reconozca la deuda para poder acudir a la financiación.