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Los ayuntamientos, el sector agrario e industrial, la escuela concertada, las agencias de viajes, el sector agrario y ahora las farmacias. La masa de acreedores del Govern aumenta por momentos y la deuda existente genera honda preocupación no tanto por su volumen cuantitativo, que también, sino por su configuración cualitativa. Peligra la viabilidad de los sectores productivos en los que se confiaba para conseguir la tan cacareada diversificación económica y la de los ayuntamientos –la administración más cercana y la que, de manera impropia quizás, ha venido ofreciendo a los ciudadanos buena parte de los servicios sociales–. Se complica la continuidad de una parte del sistema educativo y se pone en entredicho la asistencia sanitaria, lo que constituye un ataque en toda regla a la línea de flotación del Estado del Bienestar. Como ya hicieran las agencias de viaje con los traslados médicos, las farmacias manifiestan que no pueden soportar la deuda del IB-Salut y alertan del riesgo de desabastecimiento, pues las compañías farmacéuticas no fiarán a los boticarios si hay impagos y éstas no pueden o no quieren recurrir al crédito. El tiempo de la confianza ya pasó. Ahora los números mandan.