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El equipo de gobierno del Consell ha decidido posponer el cumplimiento de una de sus promesas electorales, el desdoblamiento de la carretera general. Más allá de la crítica que puedan hacerle sus votantes, sobre todo después de tantos años de debatir esta cuestión como central para el desarrollo de la Isla, la decisión es inteligente. La paupérrima economía de las administraciones públicas y la falta de actividad en el sector de la construcción son argumentos de peso para no retrasar las actuaciones previstas. El Consell cree que muchas de ellas no impedirán que en el futuro pueda llevarse a cabo el desdoblamiento. El convenio de carreteras establece una inversión global de 68 millones de euros, de los que una tercera parte se gastan en la variante de Ferreries. Se trata de la inversión pública más potente que se desarrolla en la Isla, después de finalizar la obra del dique de Son Blanc, con una incidencia directa en el sector de la construcción. La decisión política es correcta. Queda por ver si técnicamente es compatible un Plan Director de Carreteras que no preveía el desdoblamiento con el desarrollo en el futuro de esta promesa electoral del PP. Ahora importa cerrar los compromisos de financiación con el Gobierno central, para evitar cualquier tentación de reducir gastos.