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Un nuevo problema se añade a la difícil situación que vive el campo menorquín. La falta de financiación para el mantenimiento del Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera (CARB) es una puntilla para un sector que está luchando para garantizar su viabilidad. En este caso no se está hablando de ayudas, sino de una contrapartida de la Administración por el desarrollo de una gestión sostenible de las fincas, que contribuye además a la conservación del paisaje. El consenso generalizado en torno a esta iniciativa pionera, impulsada durante el gobierno progresista del Consell, se ha reflejado en el éxito de las distintas convocatorias. El problema ahora es encontrar el millón de euros que falta para dar respuesta a las 204 explotaciones que han solicitado este año adherirse al CARB. Tanto desde la Comunidad balear como del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han alabado el programa y mostrado su interés por extenderlo a otros territorios. Si existe este reconocimiento a una experiencia innovadora, es de pura lógica que se apoye su continuidad. El Consell deberá, pues, desplegar toda su capacidad negociadora para que se inviertan los fondos públicos necesarios y evitar así un nuevo paso hacia la quiebra de la actividad agrícola y ganadera.