TW
0

Italia se ha visto en la necesidad de acometer un nuevo plan de ajuste, para reducir el gasto público en 45.500 millones de euros en dos años. Parte de esta austeridad significará una reforma que afecta a la estructura de las administraciones públicas, que en España sigue siendo una de las cuestiones pendientes, sobre la que no existe acuerdo político. Berlusconi suprimirá unas 35 provincias y obligará a agruparse a unos 1.500 ayuntamientos con menos de mil habitantes. En nuestro país se pueden adoptar numerosas iniciativas que representarían una gran reducción de los gastos, sin centrar el debate en si debe mantenerse o no la actual estructura autonómica. La existencia de diputaciones, con presupuestos muy elevados; las delegaciones del Gobierno en las comunidades; la duplicidad de funciones que crean burocracia, obstáculos al dinamismo económico y multiplican los costes; la necesidad de animar la creación de consorcios y de servicios compartidos entre ayuntamientos, son algunas de las cuestiones que deberían incluirse en los planes de saneamiento de las administraciones públicas. Italia también tiene previsto un incremento de algunos impuestos, principalmente sobre las rentas más altas. Esta también es una cuestión debatida en España pero que tampoco se ha concretado.