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El Senado dio ayer luz verde a la modificación de la Constitución con 233 síes, tres noes y 25 ausencias. Como ya sucedió en el Congreso los dos grandes partidos, PP y PSOE, solo consiguieron el respaldo de UPN. La reforma supone la introducción de un principio de estabilidad presupuestaria que se ha revelado necesario como consecuencia del irracional despliegue del derecho a la autonomía de las nacionalidades, regiones y municipios que la propia Carta Magna consagró. España se ha visto obligada a incluir un principio que el sentido común- aquel que acompañó la Transición- entiende implícitamente incluido en los preceptos que rigen (o deberían regir) el proceder de los poderes públicos, a consecuencia de la quiebra del erario, las presiones de los mercados y la dinámica europeísta. .Juristas de prestigio, analistas políticos y expertos en diferentes disciplinas llevaban años recomendando una reforma constitucional, alertando de las disfunciones originadas por el "café para todos", sin que los partidos mayoritarios tomasen la iniciativa y abriesen un proceso pausado y serio para abordarla. Con independencia del impacto que tenga el nuevo artículo 135, siempre se le podrá reprochar su abrupta entrada en nuestro ordenamiento jurídico de la mano de una clase política que adolece de una clara visión de Estado.