Ante las carencias empresariales: El estado

1. Los gobernantes y los opositores es ya hora que se pongan de acuerdo en una política económica básica y compartida, que requerirá cesiones por ambos lados en aras de alcanzar un consenso en lo fundamental: Encontrar la vía de crecimiento y de crear empleo cuanto antes como primer objetivo político y con prioridad respecto a la necesaria estabilidad monetaria y a la cacareada consolidación fiscal sin desmayo, impuesta desde fuera. Son urgentes las políticas de creación de empleo y de recuperación del PIB. Para ello no sólo existe la línea del Banco Central Europeo, que afortunadamente no tiene la exclusividad al respecto. Además hay que evitar el desconcierto que los políticos producen en la sociedad al promover según el bando de que se trate, gobierno o oposición, proyectos diametralmente opuestos. Así, yerran los dos, de pleno y lo sufrimos los españoles, sobre todo los más débiles. Los poderosos son los más responsables de los despropósitos reinantes. El ejemplo del proyecto de reforma laboral es elocuente. Entre el planteamiento "conservador" sindical y el "revolucionario" del Gobierno habría que establecer una reforma consensuada, también con la oposición.

2. A partir del consenso ineludible referido, hay que pensar en objetivos industrializadores, sin descuidar el resto del paisaje sectorial, por supuesto al turismo, que es vital. Causa un espectáculo desolador la disputa entre Madrid y Barcelona para llevarse "el gato al agua" en cuanto a la inversión de capital norteamericano para recrear las Vegas en España. Para sustentar el objetivo industrial no hace falta ser ingeniero de caminos, basta con contemplar la economía alemana, la del Norte de Italia, la del País Vasco o el espíritu de la que tuvo Menorca entre 1850 y 1960. Recordemos que el despegue industrial de España, que tuvo lugar en 1955-1973, se fundó en la industrialización. Después no hubo continuidad en el proceso industrial ya que se descuidó la atención al natural dinamismo sectorial que requería una reconversión paulatina de la industria en España. Se confió, o ni siquiera eso, por parte de los dirigentes políticos, que el libre movimiento de capitales en Europa iba a asignar adecuadamente los recursos a través de los mercados y que la entrada de España en la UE era la panacea universal. Grave error. Ciertamente afloró una estructura especializada en el sector servicios, pero se descuidó el sector secundario y se abusó sobremanera del sector de la construcción, del inmobiliario y de las actividades especulativas, con el apoyo institucional de los bancos y de las cajas de ahorro. Los gobiernos impulsaron las privatizaciones de las empresas del INI para hacer caja, sin alternativas generadoras de riqueza real. Vendiendo a la sociedad el espejismo de un crecimiento infundado, promotor del endeudamiento colectivo, con los gobiernos del Estado español a la cabeza. (La verdad es que Endesa con Feliciano Fuster aguantó como empresa pública mientras estuvo al frente dicho empresario mallorquín).

3. El protagonismo de la reindustrialización tiene que llevarlo el Estado central de modo coordinado con la autonomías, esperemos sea posible y se llegue a tiempo, buscando las ventajas comparativas territoriales según la tradición empresarial y acorde con la imprescindible y pretendida rentabilidad inversora. No es el momento de experiencias separatistas en lo político. Los cambios y las reformas sólo tienen éxito en épocas expansivas. ¿Cómo se justifica mi enfoque? El papel determinante del Estado se fundamenta en el hecho de que en España no hay suficientes empresarios de grandes empresas, que estén a la altura de las circunstancias; algunos puede que tengan ya situados sus capitales en paraísos fiscales. Algo parecido sucedió en 1931/1932 al proclamarse la Segunda República. Hablamos de una carencia histórica que también contribuyó en su día a provocar el surgimiento subsidiario de los holdings de empresas públicas que tiraron del crecimiento económico en países latinos como Italia y España en los años de 1950 y de 1960. Algo similar había ocurrido en Japón y en Rusia durante el primer decenio del siglo XX. Una correcta política industrial sería financiar la creación de parques tecnológicos impulsores de nuevas tecnologías aplicadas a los potenciales sectores industriales, en colaboración con centros investigadores universitarios. Convendría también emprender políticas fiscales dirigidas a incentivar la inversión en determinados sectores y comunidades convenidos, con la participación financiera del ICO y del Banco de España.

4. ¿Qué ocurre con la Unión monetaria europea? Sencillamente que conduce al recorte de las potencialidades de los factores productivos españoles sin cambiar de modo adecuado la estructura del sistema económico, claramente ineficiente. Es la hora de la política. De la política con argumentos científicos de economía probada para estimular el crecimiento económico y se trata de esto. Utilizar el análisis económico de modo explícito para defender una determinada política, lo cual brilla por su total ausencia en las exigencias económicas que la UE pide al gobierno español. España debería alcanzar acuerdos con otros países de la UME para defender, frente al resto de los países del centro, intereses comunes devenidos de sus condicionamientos periféricos y de su inexistente convergencia con la economía real de algunos países centroeuropeos, de mayor renta. Está clara la necesidad de practicar políticas presupuestarias austeras, sin apaños, pero no en períodos tan cortos y de insostenible intensidad, sin dañar gravemente el nivel de empleo y del PIB. Habría que utilizar pensamiento keynesiano, en mi opinión de orientación monetarista válida para el caso que nos ocupa. Insisto que el principal objetivo de la política tendría que ser el fomento del crecimiento económico. Tiene más riesgos la subordinación incondicional a los mercados financieros globalizados, que el hecho de introducir un grado controlado de intervención pública con fines protectores. Los bancos y las Cajas de Ahorro españoles y en general la banca que opere en este país tendrá que estar mucho más controlada por el Banco de España que lo que ha estado hasta ahora a través de nuevas regulaciones más exigentes sobre las reservas, el nivel de solvencia del encaje bancario o sobre las ratios del volumen de créditos. El ICO tendría que ganar protagonismo bancario bajo el impulso del Banco de España y motivar o exigir a los bancos para que vuelvan a la práctica de las operaciones convencionales de préstamo.

5. Y finalmente ¿Cuál es el pensamiento económico predominante en Europa? La verdad es que se trata de una filosofía nada diferenciada que acoge tanto a posiciones políticas socialdemócratas y a partidarios de una vaga concepción liberal, donde encontraríamos posiciones ideológicas de una amplia diversidad de orígenes, normalmente ignotos por sus voluntaristas apologetas. El Keynesianismo es criticado, sin suficiente fundamento real y orquestado desde incluso bastante antes de la crisis del petróleo; y el pensamiento que impera es el economicista pragmático. Los políticos de la economía de la UME lo que pretenden es sanear las posiciones acreedoras de los grandes bancos y de los países industriales más avanzados, con el vehículo del BCE y de las políticas tecnocráticas impuestas desde Bruselas a los países más débiles sin evitar de una vez por todas las prácticas especulativas de que son objeto las posiciones deudoras de estos países. Esto explica que en esta confusión doctrinal reine el economicismo pragmático. La política del BCE sólo pretende preservar la estabilidad monetaria con la inmediata eliminación del déficit público sin el objetivo prioritario de recuperar el empleo en España. Su visión la mueve, con todos mis respetos, la codicia financiera a cualquier precio, incluido el del paro y no hallo pensamiento económico científico que respalde esta visión. Mi mensaje final es que los estados nacionales deberían defender aspectos substanciales de soberanía económica para asegurar el propio crecimiento económico e influir positivamente en la elaboración de un nuevo orden económico internacional que no genere diferencias sociales escandalosas, afectando de modo negativo al estado del bienestar.