De bloqueos y repartos o cómo la cabra siempre tira al monte

Con este pacto se cierra un largo y absurdo periodo de bloqueo que solo respondía a los respectivos intereses políticos de ambas formaciones. Como tantas otras veces, de nuevo se ha puesto de manifiesto que la cabra siempre tira al monte. PP y PSOE negocian y pactan, pero la sorpresa saltó cuando el dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba negó que el acuerdo se haya traducido en un reparto de cargos. ¡Cuánto cinismo en un político que siempre presume de seriedad! Porque siguiendo la pauta de otros muchos colegas, Pérez Rubalcaba esta vez ha aprovechado para intentar tildar de imbécil a la ciudadanía al afirmar que no ha habido reparto de cargos. Le desmienten sin embargo los nombramientos acordados. Así, la conservadora Soledad Becerril ha sido propuesta para el cargo de Defensora del Pueblo y el socialista Francisco Fernández Marugán asumirá la responsabilidad de defensor adjunto. Por tanto y diga lo que diga Rubalcaba, ha habido un reparto de cargos, una distribución -una conservadora, un socialista- que no cabe atribuirla obviamente a la casualidad. No incurra, pues, en tomaduras de pelo que no cuelan.

Y aunque Rubalcaba también quisiera negarlo, a tenor de los nombres pactados por PP y PSOE queda claro que al procederse al mencionado reparto las afinidades políticas de las personas nominadas tuvieron un peso indudable. Resulta chocante asimismo que Convergència i Unió presionara, a través de Josep Antoni Duran i Lleida, para colocar una jurista catalana en el Tribunal Constitucional. El PSOE atendió su petición e incluyó en su propuesta de nombramientos a Encarnación Roca, a quien desde CiU se ha querido presentar como la cuota catalana en el citado tribunal. Bien está que Roca sea nombrada por ser una reconocida experta en derecho de familia y en derecho civil catalán, pero no tiene sentido alguno recurrir al concepto de cuota política o territorial. Si para cubrir las magistraturas vacantes del TC hubiera que dar por válida la aplicación del sistema de cuotas, habría que preguntarse por las razones específicas que avalaran la defensa de una pretendida cuota catalana o, sin salir de un ejercicio absurdo, por qué no abogar por ejemplo por una cuota murciana o una cuota extremeña.

Para bien o para mal -mi opinión es que para mal-, la independencia ideológica parece no contar -ni interesar- para determinadas esferas de poder. Un descarte lamentable, el de la adscripción independiente, que por otra parte ha generado unos episodios conflictivos bien conocidos a la hora de nombrar distintos cargos en el Consejo General del Poder Judicial o en el ámbito de la Administración de Justicia.

A propósito de la institución del Defensor del Pueblo, valga recordar por enésima vez que Balears todavía no ha nombrado al Síndic de Greuges. Han transcurrido tres décadas de régimen autonómico y los partidos políticos, los sucesivos gobiernos y parlamentos han exhibido una permanente incapacidad para consensuar un candidato para tal puesto. A pesar de que el Estatuto de Autonomía en su artículo 51 es determinante: "El Parlamento, mediante ley, creará la institución de la Sindicatura de Greuges para la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como para supervisar e investigar las actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El Síndico será elegido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las tres quintas partes de los Diputados de la Cámara. El Síndico actuará como Alto Comisionado del Parlamento y le rendirá cuentas de su actividad. El Síndico coordinará su actuación con el Defensor del Pueblo".

Nada. Aquí solo puede constatarse un flagrante incumplimiento estatutario. Puro papel mojado. Es intolerable que los intereses partidistas hayan impedido a lo largo de treinta años el nombramiento del Síndic de Greuges. De modo que este mayúsculo fracaso político ya ha pasado a engrosar la serie de los capítulos más escandalosos de la Autonomía balear. Los sucesivos presidentes del Parlament se han mostrado absolutamente incapaces de propiciar la creación de una institución llamada a garantizar "la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos", y a supervisar e investigar "las actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears". Y como nadie ha querido cargar con la grave irresponsabilidad política de semejante carencia democrática, legislatura tras legislatura desde el Parlament siempre se ha optado por echar balones fuera y practicar la política del avestruz. Sencillamente vergonzoso.