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Hasta hace poco tiempo el Sistema Nacional de Salud español era reconocido como un referente internacional. En comparación con los países del entorno se reconocía entre los sistemas de salud con mejores resultados globales de salud, obtenidos a cambio de un gasto contenido. En suma, en conjunto y por comparación con otros, lo que se conoce como un sistema eficiente. Menos reconocido en el exterior, pero de gran valor para la España de la democracia, el SNS español ha atesorado hasta hoy un enorme potencial de cohesión social.

Desde hace unos meses, se están produciendo decisiones en distintos niveles de la Administración General del Estado, y en distintas Administraciones Autonómicas, que se compadecen mal con las bondades referidas. Desde entonces, una pregunta sobrevuela los innumerables debates, ¿qué conduce a tomar decisiones de calado tan profundo, con tanta urgencia, y con tan exiguo debate?

Por otra parte, las debilidades del sistema ya estaban identificadas: desde la excesiva medicalización de lo cotidiano hasta los déficits de gobernabilidad o profesionalismo sanitario. No solo eso, ya existía un marcado consenso sobre la necesidad de implementar reformas que mejorasen el sistema. Sucesivas leyes sanitarias y financieras (en particular, las recientes Ley de Cohesión y Ley General de Salud Pública), numerosos debates y algunas decisiones del órgano de Gobierno del Sistema habían convenido en la necesidad de andar un camino de reformas que: 1) asegurase la sostenibilidad del sistema sin mermar a los más frágiles de la sociedad; 2) mejorase su calidad al tiempo que se incrementara su eficiencia; 3) implicase en la ecuación de "salud y bienestar", a otros subsistemas del Estado (educación, por ejemplo). Más aún, para algunas de las recetas se había empezado a andar el camino.

Sea cual sea la respuesta, las reformas propuestas, los mecanismos de decisión utilizados, y su precipitada implementación han provocado sentimientos encontrados: la incredulidad de aquéllos que confiaban en la insuficiente pero bien trabada fórmula de consensos amplios que condujo el Sistema en el pasado, y la indignación de aquéllos que verían mermados los derechos de ciudadanía, especialmente, los de los más débiles.

Y en el mar de fondo, como única aparente motivación, la supuestamente impuesta necesidad de hacer recortes en una financiación pública, que pese a cubrir al conjunto de la ciudadanía (con papeles y sin papeles) y para cualquier contingencia médica, estaba en 2009 en 1.700 euros por habitante (por debajo de la media de la OCDE y muy por debajo de aquellos países que utilizamos como modelo de comparación).

La Escuela de Salud Pública de Menorca contribuye estos días al debate. Contraponiendo ideas y perspectivas -con objeto de reforzar los puntos comunes y señalar aquéllos que precisan más debate y mayor consenso- pero sobre todo, propondrá ideas para tratar de influir en el devenir de los acontecimientos futuros. A tal fin, y entre otros nos acompañarán en el debate que se celebrará el miércoles día 19 a las 18.00 horas en el Llatzeret: Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, Fernando García Benavides, Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología; Teresa González Galiana, expresidenta de Médicos del Mundo y representante de ONGs para el Desarrollo; un representante del Foro Español de Pacientes y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Modera Enrique Bernal Delgado, miembro del consejo académico de la Escuela de Verano de Salud Pública.

* Doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública