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El Consell de Menorca no dispone de los recursos económicos mínimos para desarrollar su labor de una forma eficaz, atender los servicios que gestiona y responder a las demandas de los ciudadanos. La causa es la morosidad del Govern y el retraso de la nueva ley de financiación de los consells, que el ejecutivo de José Ramón Bauzá ha prometido para el primer trimestre del próximo año. Mientras no se apruebe esta legislación, el Govern está obligado a abonar unos anticipos, que permitan a los consells financiar las competencias ya transferidas. Ayer, una de las cuestiones de debate en el Parlament fue la garantía de que la administración autonómica cumplirá con este compromiso. La reducción de las inversiones en 1,6 millones en 2013 era previsible y es consecuencia de las políticas de austeridad que debe aplicar un Govern que cuenta con 441 millones menos de recursos y que destina una gran cantidad de dinero a abonar la deuda a las entidades financieras. La administración autonómica confía en incrementar los ingresos mediante unas tasas especiales pendientes de desarrollo, como las que afectan a coches de alquiler, grandes superficies y envases, que topan con una fuerte oposición. Un presupuesto de necesidad para un año muy complicado.