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A pesar de las buenas intenciones, Autoridad Portuaria no consigue cerrar las heridas abiertas por su mala gestión histórica en el puerto de Maó. Cuando José María Urrutia aceptó la presidencia del organismo tenía muy claro que una de las prioridades era comunicar mejor y escuchar las peticiones de las instituciones de la Isla y de los numerosos colectivos relacionados con el puerto. Por eso se realizaron unas jornadas informativas, con un buen resultado. Urrutia cuenta con un buen responsable de comunicación y un gestor técnico en Menorca con una capacidad reconocida. Sin embargo, el potente organismo sigue sin despertar simpatías. Parte del mérito se debe a los dos anteriores presidentes, Verger y Triay, que dejaron el Club Marítimo sin amarres.
Sin embargo, la inercia del desacierto no se ha invertido. No se consiguió encontrar una alternativa al travelift del Cós Nou, que se desmontó y obliga a las grandes barcas a varar en Mallorca; el proyecto del nuevo vial de esa zona sigue inmerso en el marasmo administrativo; los pasajeros de las líneas regulares siguen desembarcando en autobús, con una imagen tercermundista; Cala Figuera no se ha convertido en aparcamiento ni tiene un uso a corto plazo; las casitas de primera línea de mar de La Solana, después del desahucio, se desmoronan; no se han tomado medidas para modificar la política de precios de los amarres; y ahora se suspende un dragado necesario por intervención de la Fiscalía ante el riesgo de contaminación por el depósito de los fangos. Eso sí, se han cambiado un número considerable de bancos de piedra por otros de madera.

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