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Torralbenc ha vuelto a mostrar las debilidades que con frecuencia arrastra la gestión en materia urbanística y de territorio. Un proyecto interesante de hotel rural se convierte en motivo de polémica por la forma en que las administración actúan en el proceso de tramitación. Cualquier proyecto debe ajustarse a las normas, como es evidente. El promotor es el primer responsable de su cumplimiento. Los servicios de inspección deben detectar si se comete alguna irregularidad, que ha de ser subsanada. En este caso, la respuesta del Ayuntamiento y del Consell a las peticiones de inspección no ha sido ágil y ha provocado la proliferación de las críticas. En cambio se ha actuado con agilidad para conceder las licencias. Esto debería ser motivo de satisfacción y en cambio ha servido para comparar con otros procesos administrativos caracterizados por su incomprensible lentitud administrativa. En conjunto, la impresión que se transmite no es positiva, cuestiona las promesas de seguridad jurídica y, seguramente, desmotiva la inversión. Es previsible, que la polémica acompañe la aplicación de la Norma Territorial Insular y la revisión del PTI. El debate sobre un proyecto es lógico y necesario, pero si se centra en la tramitación es síntoma de que existe un problema.