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Al PP de Maó le va la marcha. Nadie podrá acusar a Águeda Reynés y sus colegas de evitar los asuntos espinosos. Más bien todo lo contrario. El problema es que algunas de estas controversias generadas son innecesarias y no responden a inquietudes ciudadanas. La última se encuentra en el artículo 5.4 de la nueva ordenanza de subvenciones, que establece que no podrán merecer el apoyo económico del Consistorio "aquellas actividades que incluyan, bien originariamente o sobrevenidamente, actos de carácter político o reivindicativo". El problema de este artículo radica en su subjetividad absoluta, porque en lo municipal todo se puede llegar a considerar política, desde solicitar la reparación de una farola hasta el simple hecho de elegir una lengua determinada para anunciar el inicio de una verbena de barrio. Peor es el segundo supuesto: la satanización de la reivindicación, algo tan democráticamente sano. La existencia de abusos puntuales en el pasado, reales y clarísimos en favor de todas las tendencias políticas, no es excusa suficiente para crear una herramienta que, en virtud de su excesiva subjetividad, permite dejar sin subvención a cualquiera y obliga a quien la solicita a extremar en demasía su docilidad, por si acaso. La ordenanza aviva el antiguo mito de la utilización de las subvenciones como método para silenciar a los colectivos ciudadanos. El PP, ante el revuelo generado, anunció ayer en el pleno municipal que concretará qué tipo de política y qué reivindicaciones son las que se quieren dejar sin subvención y reclamó al ciudadano que confíe en que se hará un buen uso de esta disposición. Lo primero podría generar un nuevo embrollo. Lo segundo, dependerá de cada ciudadano.