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Mañana es probable que se cierre un acuerdo entre el Consell y la empresa Cesgarden para el pago de la indemnización por la pérdida de plazas en el hotel de cinco estrellas de Son Bou, que nunca se construyó debido a un cambio en el PTI. La firma ante el juez del acuerdo, en cumplimiento de una sentencia firme, significa que el Consell pagará 28 millones de euros en diez años, es decir 2,8 millones al año, 7.671 euros al día. Este enorme coste es una losa sobre los presupuestos del Consell de los próximos años. Además, llega en un momento de políticas de austeridad.

Nadie puede cuestionar que tendrá una repercusión muy negativa y que el primer efecto será mantener los recortes en la primera institución menorquina durante mucho tiempo. Sorprende que nadie haya exigido responsabilidades técnicas y políticas. Sin duda hubo numerosas oportunidades para reconducir un proceso urbanístico, primero, y judicial, después, que no fueron aprovechadas. Un error en el PTI por el ansia de proteger el territorio es comprensible, pero la falta de rectificación del error es injustificable. Ahora es necesario buscar alguna fórmula para que esta condena no lastre el desarrollo de una institución que debería tener más futuro que pasado.