Tan archipiélago -léase región insular- son las Balears como las Canarias, pero mientras los ciudadanos, las empresas y las instituciones de las islas del Atlántico tienen derecho a percibir ayudas y regímenes excepcionales, en Balears no logramos acceder a las subvenciones, programas europeos y partidas presupuestarias que permiten reducir y compensar los sobrecostes de la insularidad. ¿Por qué? ¿Qué mecanismos permiten al gobierno de Canarias destinar 3,3 millones de euros al año a subvencionar trayectos aéreos con sus islas?
La respuesta la hallamos en la lejanía geográfica, que inspira la noción de «región ultraperiférica». Un concepto que apareció por primera vez en el Tratado de Maastrich (1992). Posteriormente, el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, contiene disposiciones específicas a favor de estas regiones, y por último el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consagra y consolida estas medidas excepcionales que benefician tanto a la sociedad como a la economía de Canarias.
Pero lo que debía constituir el reconocimiento a unas islas muy concretas (Canarias, Azores y Madeira; Martinica, Guadalupe, Guayana y Reunión; y dos colectividades de ultramar, Saint Martin y San Bartolomé) se ha transformado en un evidente perjuicio para otras regiones insulares de la Unión Europea.
Las Balears son una región cuyas desventajas por el hecho de la insularidad no se ven debidamente reconocidas ni compensadas. Los poderes públicos, en primer lugar las instituciones de la Unión Europea, deben dar respuesta a las justificadas reclamaciones del Govern balear. En caso contrario, persistirá el agravio comparativo y la merma de competitividad que en Balears costean las empresas y las familias. Porque nosotros también somos periféricos.
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