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Entre el «llegat» que, según proclamó el conseller Joan Marquès dejó el anterior gobierno en el Consell, y el «llevat» que, en expresión de la consellera Salomé Cabrera, encontró el actual gobierno insular, median las dos concepciones, contrapuestas, de la política y de la sociedad menorquinas.

Después de siete años de duros ajustes, los indicadores apuntan un cambio de tendencia que se consolidará durante este año, favorecido por factores como la caída del precio del crudo. El cambio de escenario de destrucción de empleo por la creación de puestos de trabajo lo confirma, conscientes de que el paro es el primer problema.

En este 2015, cuando las administraciones -sometidas al pago de la deuda que impedía concertar nuevos préstamos- impulsan nuevas inversiones, es fácil atribuirlo al 'año electoral'. Pero si no se hubiesen aplicado las medidas imprescindibles y necesarias, como la reducción del aparato político de consellers y directores insulares, los proveedores volverían a cobrar a más de doce meses en lugar de los trinta días, plazo en el que ahora el Consell paga las facturas.

Sin el plan de ajuste aprobado el 2012 hoy no sería posible destinar este año 2,5 millones de euros al Plan Insular de Cooperación con los ayuntamientos. Sin una política de austeridad y otros criterios de subvenciones, el Consell volvería a la situación anterior, cuando las nóminas se pagaban con las partidas del convenio de carreteras.

No olvidamos la losa contable de la 'sentencia Cesgarden', que -sorprendentemente, en una isla tan reivindicativa- no ha motivado aún una severa exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad civil menorquina. Y quienes, por acción o negligencia, son culpables de los 29 millones de euros que pagamos entre todos, aluden al «llegat» cuando se les piden cuentas.