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Analizando ese despropósito de los políticos separatistas cuando dicen que no van a obedecer las leyes que no sean catalanas, lo primero que se me viene a la cabeza es el puro asombro. ¡Vamos! Que lo que ordene el Tribunal Constitucional solo les sirve para hacer mangas y capirotes. Me pregunto si han caído en la cuenta que los cargos políticos que ocupan y por los que cobran suculentos emolumentos, saben que son válidos precisamente gracias a las leyes, y si saben también que esas leyes emanan del ordenamiento jurídico-político.

Lo del Sr. Rajoy, no sé a ustedes, pero a mí es que este hombre me tiene en un sinvivir. Dice «que no ve una situación grave en Catalunya». Pues yo veo un Parlamento fraccionado en dos mitades, veo que cuando  han votado la separación del resto de España, el presidente ejercía en funciones; además lo de la Sra. Carme Forcadell. Nada más ser nombrada presidenta del Parlamento, le faltó tiempo para lanzar un «viva la república catalana». Añadamos que Manos Limpias ha llevado al registro una querella por secesión y rebeldía contra Mas, Carme Forcadell y otros parlamentarios cuando el 9-N sucedió lo que no tenía que haber sucedido. Usted Sr. Rajoy dijo que no se iban a poner urnas para votar un plebiscito, pues se pusieron, y no se engañe, no fue solo para dilucidar unas elecciones autonómicas, fue según dijo el propio   Mas una consulta plebiscitaria. 

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No sé Sr. Rajoy que más tiene que pasar en Catalunya para que usted se aperciba que ahí está pasando algo grave, podíamos decir muy grave sin la necesidad de exagerar lo más mínimo. Quizá el Sr. presidente, guarde memorias de que en 1873, 1931 y 1934, los independentistas catalanes ya declararon su propio Estado desafiando al gobierno central, talmente que cómo lo están intentando ahora, y piense en su buena fe, que si antes no coló, pues ahora tampoco.  Si uno tiene curiosidad y en este caso la situación así lo exige, podría ser clarificador echar una ojeada a nuestro código penal. 

En cualquier caso no creo que el código penal permita que cada cual hagamos de nuestra capa un sayo.  Lo lógico es pensar, que venga recogida la obligación de cumplir con las leyes emanadas de nuestro ordenamiento jurídico. Seamos presidentes autonómicos, diputados o simples mortales.  Leyes o normas que se suponen de obligado cumplimiento, por ejemplo aquellas que dicte el Tribunal Constitucional.  No creo que las cabezas pensantes de nuestros políticos, vengan ahora en permitir que un tema tan principal como es ejercer una acción secesionista pueda llevarse a cabo sin cumplir con otra norma, ni otra ley, que la voluntad del 50% de una población autonómica.  Tal voluntad no es para nada un mandato claro y menos aún democrático.  Lo que pasa es que se pretende que dominen los intereses de unos sobre los de otros, y así, casi con las mismas letras, se escribe sobre la dignidad que sobre la indignidad.