Dentro de apenas cuatro meses se cumplirán nueve años del fallecimiento de la joven menorquina, Roser Sánchez, tras ser sometida a una intervención quirúrgica ovárica en el Hospital Mateu Orfila.
Fue el fatal desenlace que, sin embargo, pudo haberse evitado con la presencia de un cirujano vascular en el centro hospitalario para que abortara la tremenda hemorragia provocada en el quirófano cuando se lesionaron los vasos sanguíneos abdominales de la mujer. La paciente, además, no había sido informada de los riesgos que existían en la intervención llevada a cabo en un centro que no estaba preparado para atender una complicación como aquella.
Finalmente el aparato de la justicia ha reparado en lo económico -por decirlo de algún modo- aquella casuística desafortunada ya que nadie devolverá la hija, que entonces tenía 30 años, a sus padres. Lo ha hecho tras un larguísimo proceso en el que el juzgado civil ha constatado la mala praxis médica desarrollada en este caso después que el IB-Salut negara la indemnización solicitada a través de la vía contencioso administrativa.
Falló el IB-Salut en la negativa a admitir su responsabilidad y, posteriormente lo ha hecho su compañía aseguradora, Zurich, que ahora deberá abonar más de 300.000 euros a la familia por los intereses acumulados a la cifra que determinó el juez en la primera sentencia. La compañía, decidida a eludir el pago de la indemnización, se agarró a un resquicio procesal para recurrir aquel fallo que dejaba explícitos los errores cometidos en la intervención y la ausencia del especialista que habría evitado el fallecimiento.
Que esa cuestión procesal fuera el único argumento para ganar el litigio admitiendo así la responsabilidad del Servei de Salut de Balears deshumaniza todavía más este lamentable suceso que por fin ha llegado a su conclusión.
