Si las compañías aéreas comienzan a reclamar más control sobre el acceso de falsos residentes al descuento para viajar a las islas tenemos, probablemente, un nuevo problema. Eso quiere decir que tarde o temprano acabarán volviendo a subir los precios con la justificación de la picaresca utilizada por algunos para mantener la residencia en el archipiélago y beneficiarse de las bonificaciones a pesar de que vivan en la península y tengan aquí su segunda casa.
Que las compañías pidan al Ministerio de Fomento un mayor control para verificar quién es residente y quién no arroja demasiado puntos opacos al respecto de su verdadero fin. Las aerolíneas cobran del Estado el pago de los billetes subvencionados que procede también de los impuestos de los isleños, aunque lo reciban con seis meses de retraso, aseguran. No satisfechas con la situación ahora reclaman percibir los intereses oportunos por el cobro atrasado o bien que sea el propio Estado el que se arregle directamente con los residentes abonándoles la bonificación sin que intervenga la compañía.
Y mientras tanto los que aquí vivimos soportamos pagar 150 euros para desplazarnos a Barcelona en fechas precisas, como en Navidad por ejemplo, o que resulte más caro ir a Madrid en vuelo directo que hacerlo a través de Palma. Vueling disfruta de su privilegiada posición como único enlace con la ciudad condal con precios a los que nadie pone límite y Air Nostrum, con el descuento del 75 por ciento conseguido para los vuelos interislas gracias a la intervención canaria, puede elevarlos hasta donde estime oportuno.
Mientras esperamos que Menorca algún día obtenga el servicio público a un precio fijo y razonable con Barcelona y Madrid, como enlaces básicos, y que los residentes dispongamos de las mismas facilidades para viajar que las que tienen los peninsulares, que al menos las compañías no proclamen un presunto agravio con los falsos residentes. Corremos el riesgo de que acabe repercutiendo todavía más en nuestra contra.
