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La política se rige por dos axiomas sencillos y clarificadores: se puede hacer todo, menos el ridículo, como advirtió el gran Josep Tarradellas y todo aquello que no se soluciona o no se ejecuta durante el primer año del mandato ya no se podrá resolver en los tres años restantes.

La izquierda alcanzó el gobierno del Consell en mayo del 2015 después de una intensa campaña contra la solución aprobada por el PP -diseñada, naturalmente, por ingenieros de Obras Públicaspara eliminar los giros a la izquierda y mejorar la seguridad en la carretera general. Aquella movilización opositora, liderada por el GOB, dividió a la sociedad menorquina y acuñó incluso un nuevo concepto universal: las megarrotondas.

Aquel inmediato derribo de las "rotondas innecesarias", que en tiempo electoral era un compromiso firme e ineludible, con fotografías, pancartas y camisetas incluidas, se transformó al firmar PSOE, Més y Podemos los acuerdos programáticos, en una "intención, en la medida que la ley lo permita". O sea, prometer y anunciar lo que no se sabe si se podrá llevar a cabo al gobernar.

Empezaba la temporada de rebajas, cuyas dudas jurídicas, técnicas y administrativas han provocado discrepancias políticas y agrietado la cohesión del "pacte" menorquín. En junio del 2016, al concluir el primer año de mandato del tripartito, presidido entonces por Maite Salord, nada se había decidido ni resuelto sobre los puentes paralizados en Rafal Rubí y L Argentina. Ahora, ya en tiempo de descuento, a solo cinco meses de las elecciones, y con el enorme dinosaurio de las estructuras que sigue ahí, inmune, Podemos rompe los acuerdos con Susana Mora en la presidencia.

Asistimos a una nueva caída del caballo en el camino de Damasco, o sea, la conversión de Cristina Gómez, porque una cosa son las intenciones y otra son la realidad y las leyes, que también ha de cumplir la izquierda. De buenas intenciones esta empedrado el camino al infierno.