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El secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), Raúl Flores, declaró ayer que «el ascensor social ya no funciona en España» y subrayó que «a diferencia de lo que ocurría en generaciones anteriores, hoy la exclusión social se hereda, por lo que salir de la pobreza es cada vez más difícil».

Flores participó, con el obispo de Menorca, Francesc Conesa, y el director de Caritas Diocesana de Menorca, Biel Pons, en la presentación del «Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Balears 2018».

Este documento, que radiografía la realidad social de las Islas, recoge y analiza 653 encuestas a familias de Balears, formadas por 1.543 personas. Nueve profesores de la UIB, a través de 35 indicadores, han valorado los distintos grados de exclusión social en el archipiélago. Los resultados son demoledores.

Balears es la comunidad donde más ha crecido la desigualdad desde 2013, con 243.000 personas en situación de exclusión social; la vivienda como principal factor de riesgo y 85.000 ciudadanos que viven con el temor de perderla; y la conflictividad social que ha aumentado del 5,1 al 13,6 por ciento en cinco años.

Llama la atención un dato positivo: la recuperación económica y del empleo ha permitido que 34.000 personas de Balears hayan abandonado el umbral de la exclusión. La sociedad integrada, aquella que no tiene dificultades para una vida digna, ha pasado a representar el 43 por ciento de la población, pero en esta franja se registra una grieta preocupante: 211.000 personas se hallan en situación de inseguridad y serán los primeros en incorporarse a la exclusión si se produce una crisis económica. Una desaceleración anunciada, pronosticada y que ya se está produciendo, como confirman todos los indicadores.

Foessa nos advierte sobre las 98.000 personas en situación de exclusión social severa en Balears, de las que 38.000 forman la «sociedad expulsada». ¿Serán atendidas estas advertencias?