Con la perspectiva que ya proporcionan los casi tres meses transcurridos desde la propagación del virus en España, hasta los más afines a este gobierno se ven obligados a admitir que la gestión de la crisis deja muchísimo que desear. Miles de fallecidos y un futuro económico pavoroso es la fotografía de la realidad que nos ocupa.
Resultaría hasta cómico el caos de cifras que difunde Sanidad, incluidas las 2.000 víctimas “resucitadas” esta semana, si no fuera porque son personas las que hay detrás de cada número gélido que nos cuentan. No son serios los cambios de criterio del Ministerio para ajustarlas de tal forma que las fórmulas de conteo siempre reduzcan los cerca de 30.000 muertos.
Menos comprensible resulta todavía el mercadeo del Congreso que promueve el gobierno para aprobar la prolongación del estado de alarma, hasta pactar con Bildu después de que el presidente asegurara que jamás lo haría, aunque la credibilidad de sus proclamas tienen la misma validez que la de un ateo dando misa.
Ese acuerdo delirante que avergüenza a tantos españoles víctimas directas o colaterales de ETA, antecedente terrorista de la Euskal Herria Bildu, de Arnaldo Otegi, se contrapone a las dudas que extiende el equipo de Pedro Sánchez sobre la Guardia Civil. Por un lado blanquea a la formación que bebe en las aguas ensangrentadas por los años del plomo, y por otro desacredita a la institución más valorada por la sociedad española cesando al coronel jefe de Madrid en medio de la investigación judicial por la posible responsabilidad del ejecutivo en las cifras de muertos. Es, por cierto, la misma Guardia Civil que demostró tantos casos de corrupción del PP. Si la gestión de la epidema les ha desbordado, que al menos no especulen con el prestigio de esta institución de 176 años de historia.
