Entre las promesas más absurdas que se oyen de boca de líderes políticos la número uno es la tantas veces repetida de que en esta legislatura o este año o en tal periodo se crearán tantos miles de puestos de trabajo. Felipe González fue el primero en utilizar este anzuelo con los famosos 800.000 en los años 80 al llegar al Gobierno.
Pero Felipe y cuantos le han sucedido hablan por boca de ganso, quien crea empleo son las empresas y los autónomos, a quienes el Gobierno y, por extensión, las distintas administraciones han de ayudar o al menos no entorpecer con una batería de impuestos y normas farragosas.
El momento actual es delicado después de aquellos tres meses de paralización de la actividad nunca recuperada después. Nada ha vuelto a ser igual en materia laboral, se ha destruido más empleo del que se ha creado, lo cual no significa que la Administración haya perdido la sensibilidad. Ha habido ayudas puntuales para los segmentos de empleo más damnificados y ayudas de subsistencia para quien no ha podido trabajar este verano.
También para aguantar las empresas en ERTE porque, como bien razona el conseller Negueruela, no tendría sentido dejarlas caer ahora, sería como nadar durante horas para finalmente morir en la orilla. Sin embargo, las empresas, conscientes de su responsabilidad en el empleo, han sido ignoradas en las modestas peticiones a los municipios.
Ahora es el momento, aunque sea de forma coyuntural, de suavizar la presión fiscal que aplican los ayuntamientos. Por ejemplo con el IBI, ese impuesto confiscatorio que se han negado a rebajar, tal como ha solicitado PIME, en un momento en que no solo las empresas, también los particulares -salvo naturalmente los empleos de la Aministración- han visto mermados sus ingresos en el insoportable año de la pandemia. Lerdos, los ayuntamientos se mueven solo por inercia.
