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Ya advirtió, en septiembre, el jurista Josep Maria Quintana que el proyecto de ley Menorca Reserva de Biosfera -en realidad un esborrany d’avantprojecte de proposició de llei- constituye un «gran desideràtum».

Un fabuloso anhelo, lastrado por su enorme complejidad jurídica, para transformar el Consell insular en un ente con capacidad de decisión y gestión que cumpla los objetivos de la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera.       

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Nos hallamos ante una macroley tan prolija como ambiciosa que ya ha motivado un severo reproche de la Federació de Pime-Menorca al denunciar que «esta ley asume competencias que llevarán a un recorte de libertades con un incremento de la burocracia, inseguridad jurídica, falta de rigor económico, duplicidad en las sanciones y falta de participación».

Y el Partido Popular de Menorca deja de participar en su redacción «porque -explica Misericordia Sugrañes- se aparta de la propuesta inicial de obtener una financiación compensatoria del esfuerzo realizado por los menorquines para mantener el medio ambiente y paisaje de la Isla». Denuncia Sugrañes que carece de consenso social, carece de cálculo económico y abre conflictos de competencias.

¿Se ha recabado la opinión de los letrados del Parlament sobre este segundo PTI, que deberá tramitar la Cámara autonómica? Y el tiempo corre en contra del Consell; me refiero a que esté aprobado antes de acabar esta legislatura. Constituye una temeridad y una imprudencia política proseguir con el anteproyecto cuando siguen sin respuesta las tres cuestiones clave que razonó Josep Mª Quintana: ¿transferirá el Parlament al Consell todas las competencias que prevé esta ley?, ¿qué sentido tiene crear una Agencia Menorca Reserva de Biosfera sin definir su naturaleza y régimen jurídico?, ¿no sería mejor que ese nuevo organismo sea creado por una ley de Parlament a partir de una propuesta consensuada en el Consell?