Ya advirtió, en septiembre, el jurista Josep Maria Quintana que el proyecto de ley Menorca Reserva de Biosfera -en realidad un esborrany d’avantprojecte de proposició de llei- constituye un «gran desideràtum».

Un fabuloso anhelo, lastrado por su enorme complejidad jurídica, para transformar el Consell insular en un ente con capacidad de decisión y gestión que cumpla los objetivos de la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera.       

Nos hallamos ante una macroley tan prolija como ambiciosa que ya ha motivado un severo reproche de la Federació de Pime-Menorca al denunciar que «esta ley asume competencias que llevarán a un recorte de libertades con un incremento de la burocracia, inseguridad jurídica, falta de rigor económico, duplicidad en las sanciones y falta de participación».

Y el Partido Popular de Menorca deja de participar en su redacción «porque -explica Misericordia Sugrañes- se aparta de la propuesta inicial de obtener una financiación compensatoria del esfuerzo realizado por los menorquines para mantener el medio ambiente y paisaje de la Isla». Denuncia Sugrañes que carece de consenso social, carece de cálculo económico y abre conflictos de competencias.

¿Se ha recabado la opinión de los letrados del Parlament sobre este segundo PTI, que deberá tramitar la Cámara autonómica? Y el tiempo corre en contra del Consell; me refiero a que esté aprobado antes de acabar esta legislatura. Constituye una temeridad y una imprudencia política proseguir con el anteproyecto cuando siguen sin respuesta las tres cuestiones clave que razonó Josep Mª Quintana: ¿transferirá el Parlament al Consell todas las competencias que prevé esta ley?, ¿qué sentido tiene crear una Agencia Menorca Reserva de Biosfera sin definir su naturaleza y régimen jurídico?, ¿no sería mejor que ese nuevo organismo sea creado por una ley de Parlament a partir de una propuesta consensuada en el Consell?