Aburre la cansina coartada de los independentistas catalanes siempre que las resoluciones judiciales les son desfavorables. El último caso lo protagoniza la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cada vez más próxima al juicio oral por presunta corrupción, y por tanto abrazada al comodín de la recurrente represión del Estado.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha concluido la instrucción por haber amañado, presuntamente, varios contratos para beneficiar a un amiguete cuando ella presidía la Institución de las Letras Catalanas. La fiscalía le pide 6 años de prisión, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros.

Borràs pelea por mantenerse como sea en el primer sillón del edificio del Parc de la Ciutadella. Vincula su situación a la de una causa política por su condición de independentista. No le conviene decir que los delitos de prevaricación y falsedad documental que se le imputan los habría cometido cuando no ostentaba ningún cargo político. Han sido los mossos d’esquadra y la Sindicatura de Cuentas de Catalunya los que investigaron y revelaron sus presuntas corruptelas para ayudar a un amigo de dudosa reputación.

A la dama de Junts per Catalunya que preside el Parlament le queda el paraguas del victimismo y apelar al denominado «lawfare» en su contra, es decir, el uso de la justicia para ensuciar con la corrupción a una persona determinada.

Sin embargo, son multitud las voces en Catalunya que advierten en ella una estrategia equivocada, o sea, que no se creen sus excusas. Si es inocente que lo demuestre en el juicio, si finalmente se celebra, y aporte el argumento que hasta ahora no le ha servido para eludir la acusación.

Mientras tanto, con Esquerra invitándola a desalojar su cargo como establece el reglamento de la cámara catalana, no hace otra cosa que tensionar cada día las costuras entre los independentistas, siempre a la greña por una causa remota.Un manifiesto por su inocencia lo firman, entre otros, Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont. ¡Ufff,    pobre Laura!