El conseller de Educación, Martí March, despachó con un lacónico «supondrá cambios importantes» el inicio de la aplicación, este curso, de la LOMLOE o ‘ley Celáa’. La realidad es otra.
Denuncia Cosme Orell, histórico del STEI y hoy presidente de la Junta de personal docente no universitario de Mallorca: «la implantación de los nuevos currículums de la LOMLOE lo condiciona todo». Añade que «se ha hecho con demasiada precipitación y los docentes no tienen la formación necesaria, porque no ha llegado a todos». Según Orell, «la Conselleria debería haber mostrado más complicidad con nosotros y decirle al Gobierno que no podía aplicarse de esta manera».
Martí Àvila, profesor de Religión en Educación Secundaria de Mallorca, explica: «no es verdad que la LOMLOE venga impuesta desde Bruselas o la OCDE, simplemente echan balones fuera para no responder a cuestiones más profundas, porque deberían ser los docentes, y no la administración, quienes marcasen los ritmos».
Àvila i Serra va al fondo de la cuestión: «nos han colado una ley poco, por no decir nada, consensuada con la comunidad educativa; redactada en el despacho del Ministerio de Educación y con asesores que no han pisado nunca una aula, con ratios excesivas y donde la inclusión reclama más profesores».
La Conselleria de Educación publicó en agosto, apenas un mes antes de empezar el curso, los curriculums para Balears de la nueva ley, que recibió 581 alegaciones y de las que sólo se aceptaron 141. El portavoz de la Federació de Famílies d’Alumnes de Mallorca, Albert Lobo, declara que «los docentes carecen de preparación» y recuerda que tanto las familias como los sindicatos pidieron un aplazamiento parcial. Desde Ibiza, el presidente de la Asociación Profesional de Docentes, Joan Amorós, añade que «es una ley vertical y sin la participación de los profesores». ¿Y en Menorca? El silencio de los corderos.
