Todos los aficionados a la náutica y la pesca deportiva son amantes del entorno marino, procurando su conservación y en concreto en la bahía de Fornells. La mayoría de embarcaciones que tienen su base son de menos de 8 metros de eslora.
Son amantes de poder acudir a las bonitas calas de alrededor de la población para bañarse, tomar el sol y de la pesca deportiva. Personas que hace muchos años que son fieles residentes habituales o con segunda residencia en la población, con la mayoría ya jubilados.
Con el envejecimiento de la población muchas de estas embarcaciones pertenecen a personas ya jubiladas que mantienen su afición marinera.
Incluso en el transporte urbano, museos y múltiples actividades en el estado español se tiene en cuenta la edad del usuario, con descuentos a partir de la jubilación con carácter social.
Es evidente que hay que encontrar un punto de equilibrio con el entorno pero para ello no solo los aficionados sino también las administraciones públicas, que se nutren de nuestros impuestos deben colaborar.
Así, por ejemplo, es lógico que se priorice la protección de la posidonia, ahora bien, no es lógico colocar boyas temporales para pocos amarristas y encima por estar 2-3 horas cobrar una tarifa. Sería mejor colocar amarres flotantes a los que puedan amarrar varias embarcaciones y prohibir estancias largas.
Igualmente crear amarres y adjudicárselos mediante subasta a empresas, con ánimo de lucro, es un desprestigio de la administración de Ports.
No es lógico que ante la falta de amarres promovidos por Ports en estos últimos 25 años asociaciones de navegantes, que con su dinero construyeron amarres flotantes, como yo mismo desde el año 1992, y que cada año contribuimos con una tarifa para su mantenimiento o reposición, sin existir ánimo de lucro, con la renovación del actual puerto de Fornells, la administración quiera realizar nuevos amarres (ya vemos que subasta los antiguos) sin tener en cuenta, a los usuarios de todos estos años y con la idea de subastarlos a empresas que acudirán con ánimo de lucro, dando la sensación que Ports tenga la decisión de aumentar sus ingresos, es decir la administración quiera realizar nuevos amarres sin tener en cuenta, a los usuarios de todos estos años y con la sensación que lo que prioriza son los resultados económicos y no beneficiar socialmente a los usuarios de todos estos años; y no tienen en cuenta que los presupuestos de Ports surgen de nuestros impuestos.
Ahora bien, es lógico que a las solicitudes para embarcaciones de más de 10 metros, o las que están en tránsito barcos de más de 10 metros nacionales o extranjeros, se les cobre una tarifa como en todos los puertos del Mediterráneo, pero la administración deberá tener en cuenta que las tarifas actuales con el sistema de que los amarres pasan a ser administrados por empresas con ánimo de lucro, resulta que son los más caros de Europa y además en muchos casos sin los servicios mínimos de agua y electricidad. Esperemos que la Autoridad Portuaria recapacite y promueva el valor social antes que el valor mercantil en sus decisiones, y que tengan presente que es la población que con sus impuestos contribuye a los presupuestos de Ports y que si los gobiernos no lo tienen en cuenta será la población con su voto en las elecciones quien deba decidir.
