El ministro de Exteriores de las autoridades talibán en Afganistán, Amir Jan Muttaqi (centro), a su llegada al aeropuerto de Ankara para contactos oficiales en Turquía. | Europa Press

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Los talibán cumplen este sábado cinco meses al frente de Afganistán tras hacerse con el poder después de la precipitada huida el 15 de agosto del entonces presidente, Ashraf Ghani, ante sus avances hacia Kabul, si bien hasta la fecha no han logrado el reconocimiento de ningún país ni organización internacional. El grupo, que anunció la restauración del Emirato Islámico cerca de 20 años después de ser expulsados del poder por una intervención militar encabezada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha luchado desde entonces por lograr algún reconocimiento y la retirada de las sanciones, sin éxito.

Los talibán ascendieron al poder tras un fulgurante avance territorial cimentado por meses de progresos sobre el terreno y diversos acuerdos con las autoridades locales para que entregaran el poder sin luchar, en medio del deterioro de los apoyos de Ghani tras el acuerdo de paz de febrero de 2020 entre Estados Unidos y el grupo. El histórico acuerdo, que dio el pistoletazo de salida al repliegue de tropas internacionales, fue alcanzado sin la participación de Kabul y, si bien era un paso previo a las conversaciones directas, las mismas se estancaron sin avances mientras los talibán incrementaban sus ofensivas sobre el terreno, minando la posición de las autoridades.

Finalmente, Ghani huyó el 15 de agosto después de que los talibán se desplegaran en los alrededores de la capital para, según ha argumentado posteriormente en diversas entrevistas, evitar una guerra a gran escala en la capital que supusiera una catástrofe aún mayor para la población. Las autoridades instauradas por los talibán vieron posteriormente cómo Estados Unidos y la OTAN retiraban a sus tropas y emitieron una serie de declaraciones para intentar dar garantías a la comunidad internacional sobre un giro hacia la moderación respecto a su anterior periodo en el poder, en un intento por garantizarse apoyos.

Sin embargo, tanto los países de la región como las grandes potencias y organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) reclamaron al grupo avances tangibles y medidas prácticas de cara a otorgar este reconocimiento, algo que se ha resquebrajado desde entonces debido a la reimposición de duras restricciones contra mujeres y minorías en el país. Un reflejo de esta situación fue la creación de un Gobierno interino que no cuenta con mujeres ni miembros de las principales minorías o la oposición y que, por contra, está copado por miembros de la línea dura del grupo, incluido el cofundador de los talibán, el mulá Abdulghani Baradar. Asimismo, las decisiones están sujetas a los designios del líder del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada.

A pesar de que los talibán han mantenido que no volverán a la situación impuesta hace más de dos décadas, sus decisiones políticas y las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de exfuncionarios y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad no han ayudado a cambiar la postura internacional. De hecho, el vice primer ministro afgano, Abdulsalam Hanafi, dijo en octubre que el actual Gobierno interino "es inclusivo", mientras que Ajudzada tuvo que emitir una orden la semana pasada para pedir a sus combatientes que respeten la amnistía que decretó en agosto ante las informaciones sobre torturas y ejecuciones.

Petición a la ONU

En este contexto, una de las primeras acciones llevadas a cabo por los talibán fue reclamar el reconocimiento internacional para cimentar y legitimar su poder, empezando por la nominación de un representante permanente ante la ONU, que por ahora no ha aceptado sus credenciales. El grupo eligió para esta tarea a Mohamad Naim, hasta entonces portavoz de talibán en la oficina política en Qatar, si bien Ghulam Mohamad Isaczai, nombrado por Ghani, se mantuvo en el cargo y fue ratificado en diciembre por la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la legación anunció días después que Isaczai había sido reemplazado por Nasir Ahmad Faiq, un gesto igualmente criticado por los talibán.

Por su parte, países como Pakistán e Irán han pedido a los talibán que anuncien reformas de cara a lograr un reconocimiento, mientras que Estados Unidos se ha mostrado reacio a retirar las sanciones impuestas tras la toma del poder talibán, a pesar de las críticas de las nuevas autoridades por su impacto sobre la situación humanitaria. El grupo ha defendido en todo momento que está realizando avances y que garantizará los derechos de toda la población, una exigencia internacional, si bien ha apuntado en varias ocasiones que dependerá de la aplicación de su visión de la 'sharia', muy estricta y excluyente, por lo que estos condicionantes son vistos con suspicacia.

En este contexto, la Organización para la Cooperación Islámica (OIC) decidió en diciembre crear una delegación de eruditos islámicos para mantener conversaciones con los talibán sobre distintos asuntos, entre ellos "la tolerancia y la moderación en el Islam" y los derechos de las mujeres, incluidos los derechos al trabajo y la educación. Asimismo, la ONU y sus socios humanitarios han lanzado esta semana un llamamiento para recaudar más de 5.000 millones de dólares (unos 4.406 millones de euros) para entregar ayuda a 22 millones de personas en el país y otros 5,7 millones de refugiados afganos en cinco países de la región y las comunidades en las que se encuentran asentados.

"El mundo está perplejo y buscando la forma correcta de reaccionar. Mientras tanto, acecha una catástrofe humanitaria a escala total", dijo el subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia, Martin Griffiths. "Mi mensaje es urgente: No cierren la puerta al pueblo de Afganistán", manifestó. En respuesta, la administración afgana propuso un organismo conjunto para coordinar la entrega de ayuda y el vice primer ministro, Abdulsalam Hanafi, sostuvo que "el objetivo es coordinar al máximo nivel para facilitar la distribución de la ayuda humanitaria de la fraternidad internacional a los necesitados", según la agencia afgana de noticias Pajhwok. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció el jueves a favor de la retirada de las "normas y condiciones" que impiden la entrega de ayuda al país --lo que fue aplaudido por los talibán-- y añadió que "las heladoras temperaturas y los fondos congelados son una combinación letal para el pueblo de Afganistán".

Control sobre el terreno

Sin embargo, la falta de reconocimiento internacional no cambia la realidad de que los talibán controlan el territorio afgano y han instaurado unas autoridades que es reconocida por la población, a pesar de no contar con un apoyo mayoritario, según recordó recientemente el Centro Internacional para la Lucha Antiterrorista. "Este es el caso incluso si la entidad llegó al poder de forma inconstitucional, al menos si no hay una entidad rival con una demanda constitucional válida, e incluso si no es democrática o no respeta los Derechos Humanos", resaltó, antes de incidir en que "la lógica es que el Derecho Internacional aborrece el vacío".

De esta forma, arguyó que "pretender que un Gobierno no existe donde una entidad política está obviamente ejerciendo su autoridad implicaría que esta entidad no está vinculada a las obligaciones internacionales del Estado o es responsable de las violaciones de las mismas", sin que hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU se haya pronunciado oficialmente sobre la legalidad de la situación. Pese a ello, el reconocimiento es importante para los talibán como vía para legitimarse, dado que implicaría que la comunidad internacional acepta su mandato en Afganistán. Entre 1996 y 2011 sólo Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) reconocieron el Emirato Islámico de Afganistán.