acto. Zapatero, junto a otros miembros del Ejecutivo, en la estación ferroviaria de Madrid-Chamartín - Reuters

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El Gobierno licitará obras de infraestructuras por 17.000 millones de euros durante 2010 y 2011, dentro de un plan extraordinario de inversión en el que la financiación se efectuará mediante la colaboración público-privada.

Este Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, contempla que el 70 por ciento de la inversión (11.900 millones) se destine a mejorar las redes ferroviarias de altas prestaciones y de cercanías, así como al transporte de mercancías.

El 30 por ciento restante (5.100 millones) irá a la mejora de infraestructuras viarias y al transporte colectivo por carretera.

La financiación se llevará a cabo con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

El plan se basa en un modelo concesional, por el que el Gobierno pagará las infraestructuras, una vez haya terminado su construcción y puesta en servicio, a través de un canon anual a las concesionarias a lo largo de un "amplio periodo de tiempo", unos 25 ó 30 años.

De esta forma, la repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014, cuando entren en funcionamiento las infraestructuras, y el impacto sobre los presupuestos del Ministerio de Fomento no superará el 8 por ciento de las partidas previstas para la realización de este tipo de proyectos.

Sólo se incluirán en el PEI los proyectos que estén en avanzado estado de tramitación, lo que permitirá aplazar el pago del canon a las concesionarias con el inicio de los desembolsos que éstas efectuarán a las entidades financieras.

Zapatero, aseguró que la inversión prevista no supondrá costes adicionales y respeta la contención del gasto público prevista por el Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo indicó que este plan no supone "déficit", porque esta inversión la asumirán en una primera fase las empresas constructoras, concesionarias y las entidades financieras, que participarán posteriormente en los beneficios a partir de 2014 y por un periodo dilatado de tiempo.

El presidente destacó en su discurso que los proyectos de infraestructura son de diferente tamaño y que por ello van a permitir que puedan participar en ellos empresas de distinta capacidad, desde las grandes a las medianas y pequeñas.