El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, anunció ayer que ha sido "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, al igual que otros cinco empresarios.
Tanto Ripoll como el resto de imputados que fueron detenidos el pasado martes, entre ellos el presidente del Grupo Cívica y del Hércules Club de Fútbol, Enrique Ortiz, salieron en libertad provisional sin fianza, a excepción de Rafael Gregori, a quien el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por un supuesto cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Pese a ver indicios de delito por unos delitos que Ripoll dijo desconocer, el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, rechazó la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, de pedir prisión eludible con una fianza de 500.000 euros o, en su defecto, una personación periódica en el juzgado para el dirigente popular.
Éste llegó a los juzgados a pie minutos antes de las 14 horas aunque no fue interrogado hasta después de las 18, y tras comparecer abandonó la sede judicial emplazando a los medios a una declaración pública en la Diputación a las 21.30 horas, en la que no aceptó preguntas.
En la misma, se quejó de que el juez instructor no le haya aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso "Brugal".
Aunque evitó entrar en el fondo del interrogatorio para no infringir el secreto de sumario, sostuvo que declaró "voluntariamente" ya que durante la primera media hora el juez le explicó detalladamente que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.
Al responder que deseaba seguir, le leyeron sus derechos y le trasladaron que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, por el secreto.
Recordó que la instrucción y el secreto sumarial duran ya más de tres años, y agregó que el juez le explicó que los delitos de los que se le acusa pueden mantenerse o todavía variar.
Para el presidente de la Diputación, las preguntas que le efectuó tanto el instructor como el fiscal fueron "genéricas".
Al terminar, el juez emitió un auto en el que mantiene su libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, rechazando así la petición del fiscal del medio millón para eludir la cárcel o, si no, una personación periódica.
"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", advirtió.
Además de Ripoll, el único que habló ante los medios fue el conocido empresario alicantino Enrique Ortiz, que admitió estar "contento" porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar", aunque después admitió que sobre él "claro que hay" imputaciones por varios delitos, entre ellos cohecho.
Para el dueño del Hércules, el fiscal había pedido la mayor fianza de los seis imputados ayer, 800.000 euros para evitar la prisión, aunque la solicitud no prosperó.
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