La crisis ha aumentado en dos millones más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del informe 'Adiós a las clases medias', elaborado por el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), presentado ayer en su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao.
El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en España, que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos, se incrementó hasta llegar al 43,7 por ciento de la población, por lo que en la actualidad afecta a un total de 20,6 millones de personas.
De esta forma, según los técnicos de de Hacienda, las rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los asalariados que suman 16 millones, seguidos por los adultos sin ingresos (2,9 millones) y los autónomos (casi 1,7 millones).
A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40 por ciento de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora.
300 MILLONES MENOS
Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las sicav, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1 por ciento. Según Gestha, esta cantidad es sólo la "punta del iceberg", que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de "dimensiones gigantescas" en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación. Por su parte, las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco.
La elevada tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia de las personas que se encuentran en esa situación. De este modo, con el 53 y el 51 por ciento, respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor precariedad, seguidas de Murcia (47,7 por ciento) y Galicia (47,7 por ciento).
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