Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron ayer al Gobierno un gran pacto nacional, político y social para salir de una situación que consideran de emergencia y le pidieron un cambio radical de sus políticas para que el empleo sea la prioridad.
Así lo manifestaron los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, al término de la manifestación con motivo del Primero de Mayo en Madrid en la que, según dijo, participaron 40.000 personas.
Los más de 6,2 millones de parados y los recortes aprobados por el Ejecutivo en Sanidad, Educación, Dependencia o en el sector público, entre otros, protagonizaron la marcha que ha transcurrido sin incidencias.
Durante el recorrido había pancartas contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la banca, los recortes, la corrupción o las políticas de la Unión Europea.
"Rajoy al paro", "Menos chorizos y más huevos", "Otra UE", "Recortar lujos no salarios" o "Dinero a la banca, robo al pensionista", fueron algunos de los textos que portaban los manifestantes.
Pese a que ambos líderes sindicales insistieron en alcanzar un gran acuerdo con todos los actores sociales, Méndez precisó que no sería lógico que el pacto de adhesión fuera "inquebrantable", porque los sindicatos quieren que no se aplique el plan estimado por el Gobierno hasta 2016.
También avisaron sobre los efectos negativos de la negociación colectiva en los derechos laborales de los trabajadores que contempla la reforma laboral.
Por ello, Toxo advirtió al Gobierno de que los sindicatos "no pararán" hasta que se reviertan los efectos de la reforma, aunque también quiso transmitir un mensaje esperanzador y dijo que hay alternativas y que el empleo tiene solución porque no es un mal "bíblico".
El sindicato USO también se movilizó y su secretario general, Julio Salazar, pidió al Gobierno que cambie "inmediatamente" de rumbo y anteponga las personas a los intereses del capital y de la globalización mercantilista "desaforada".
Asimismo, el sindicato de funcionarios CSI-F reclamó un plan de empleo para evitar el "colapso" de la Administración y preservar la calidad de los servicios públicos.
Las movilizaciones por el Día Internacional de los Trabajadores se produjeron en las principales ciudades españolas, en las que también se criticó la política económica y social del Gobierno.
Miles de catalanes salieron a la calle en Barcelona para exigir el fin de los recortes y un cambio en las políticas económicas.
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