El PP aplaude, en Palma y en Menorca, el pronunciamiento del alto tribunal, mientras la oposición y los sindicatos de la función pública siguen sin entender cómo el castellano puede primar sobre el catalán

El PP aplaude, en Palma y en Menorca, el pronunciamiento del alto tribunal, mientras la oposición y los sindicatos de la función pública siguen sin entender cómo el castellano puede primar sobre el catalán

David Marquès04/10/13 0:00
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El exconseller balear de Administraciones Públicas, Simón Gornés Hachero (Maó, 1966), celebró ayer que la medida que promulgó desde el Govern para que el catalán deje de ser un requisito en el acceso a la condición de funcionario haya sido avalada por el Tribunal Constitucional. «Estábamos muy bien asesorados jurídicamente y, por tanto, convencidos de que hacíamos lo adecuado. Teníamos un deber político y un compromiso electoral que cumplir y, como se ha acreditado, obramos en todo momento conforme a ley».

Gornés considera que la eliminación del catalán como requisito no supone ataque alguno al idioma cooficial de la comunidad, como pregonan sus detractores, sino más bien al contrario. Que el conocimiento del catalán siga siendo considerado un mérito para entrar a trabajar en la administración «supone una discriminación positiva hacia esta lengua. Quienes aspiren a un puesto de trabajo público y sepan hablarlo siempre obtendrán una mayor puntuación que sus competidores por la plaza».

¿Y dónde queda el derecho de los residentes en las Islas a ser atendidos en la lengua que requieran? Gornés cree que «ya sea en el Consell, el Govern o el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, es altamente improbable que un ciudadano no pueda ser atendido en catalán. Siempre hallará a alguien que le pueda hablar en este idioma. Pero también debe preservarse el derecho de un castellano recién llegado a poder expresarse en su propia lengua».

Claro que ni la oposición ni los sindicatos entienden cómo puede sostenerse la cooficialidad de ambos idiomas y, a la vez, avalar que uno prime sobre el otro. «Con este fallo, se está contraviniendo tanto el Estatut d'Autonomia de Balears como la propia Constitución Española, que amparan todos los derechos lingüísticos, también de quienes se expresan en catalán», dice Jaqueline Moreno, de UGT. Y su conclusión es la misma que la emanada del actual conflicto educativo: «El Govern Bauzá crea problemas donde no los hay». Pero, en este caso, con el respaldo de la mayoría de los magistrados del Constitucional.