La entidad iniciará el proceso de recuperación de las concesiones menores en los puertos porque todas expiran en julio por el llamado «efecto 2018», por la entrada en vigor de un punto de la Ley de Costas de 1988 según el cual todas las concesiones administrativas anteriores a esa ley tienen una vigencia máxima de 30 años, plazo que expira el próximo 29 de julio.
Pero los trámites empezarán después del verano. Una parte de las concesiones saldrán de nuevo a concurso y otras se renovarán, lo que supondrá actualizar los cánones actuales, ha informado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad en un comunicado.
Estas concesiones menores son de locales con actividad económica (comercios, restaurantes, bares, naves de astilleros), instalaciones de uso portuario no económico (explanadas, terrazas, rampas y varaderos), servicios públicos como canalizaciones y suministros, y viviendas.
Las concesiones afectan a los puertos de Fornells, Porto Cristo, Portocolom, Portopetro, Sóller, Cala Figuera, Cala Nova, Ciutadella, Pollença, Sant Antoni, Cala Rajada, Andratx, Colonia de Sant Jordi y Banyalbufar.
De estas concesiones, 14 son locales o instalaciones de uso económicos, 34 viviendas, 81 son instalaciones de uso no lucrativo y 8 son servicios públicos.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha anunciado hoy el inicio del proceso y ha explicado que, como es preceptivo, las concesiones menores revertirán en Ports IB que decidirá si quedan en sus manos o se vuelven a otorgar por concurso o renovación de concesión.
El objetivo es favorecer el interés público y dar garantías y opciones de continuidad de negocio.
Según el inventario llevado a cabo, hay 128 concesiones afectadas por el efecto 2018 y también otras 44 concesiones ya vencidas pendientes de reversión, la mayoría para usos portuarios.
Las concesiones se están calificando entre aquellas para recuperar y las susceptibles de otorgar un nuevo título, en cuyo caso se convocará una licitación pública.
En las que no hay actividad económica, se informará el titular de que puede solicitar un nuevo título. Este procedimiento se someterá a información pública y, si hay otros interesados, se otorgará la concesión por mayor utilidad pública.
Se otorgarán directamente las concesiones destinadas a servicios públicos como canalizaciones, suministros y servicios, en favor de otras administraciones o empresas suministradoras.
Caso aparte son las concesiones de uso de vivienda porque la Ley de Costas prohíbe expresamente este uso en la zona de dominio público marítimo-terrestre.
Cuando el inmueble es parte de propiedad privada y parte de concesión (por estar parcialmente en zona portuaria), cada caso se debe estudiar individualmente y se debe buscar la forma de compatibilizar la normativa vigente y el respeto a la propiedad privada.
Los casos en que el inmueble íntegramente forme parte de una concesión con uso como vivienda, éstas son incompatibles con la Ley de Costas.
Ports IB enviará cartas a todos los afectados, aunque los títulos se mantendrán hasta después de la temporada turística.
La concesión de los propios puertos también estaba afectada por el «efecto 2018» pero ya se han adaptado todos y se han otorgado las nuevas concesiones, en un proceso de renovación que ha supuesto que la comunidad haya pasado de ingresar 900.000 euros anuales en cánones a 12 millones anuales, e inversiones por valor de 100 millones por parte de los concesionarios.
1 comentario
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quiero que deje costas de existir nada mas.