Carrasco no concretó las cuestiones específicas. La misma magistrada lanzó una pregunta más retórica: «¿En algún momento manifestó usted protesta?». Ese silencio durante todas las sesiones sirvió al tribunal para desestimar la alegación. El fiscal, Juan Carrau, ya había señalado que la recusación debe formularse en cuanto se tiene conocimiento del motivo, según dijo la letrada, eso habría ocurrido en la sesión de hace dos semanas. «No se llega a comprender cómo se ha reservado una cuestión de tal importancia y seriedad hasta este momento», reprochó a la abogada la presidenta del tribunal. De esa forma, se desestimó la maniobra popular que fue tildada por la magistrada de «extemporánea»: «Roza la mala fe procesal». El PP más tarde rechazó la existencia de una deuda de la formación con la empresa Over Marketing por la campaña electoral de 2003. Por ese motivo se le reclama una responsabilidad civil de 9.000 euros en el juicio.
El otro rifirrafe del día enfrentó a la abogada de la Comunitat, María Ángeles Berrocal con el de Matas, Josep Zaforteza. El Govern oficializó su oposición a que la pena de dos años y medio de cárcel para Matas se sustituya por una multa tras la sentencia, como contaba en el acuerdo suscrito entre el expresident y Anticorrupción.
El argumento del Govern se basa tanto en la tibia declaración del expresident como en su especial posición institucional cuando se cometieron los supuestos delitos: «Debe aplicarse la «máxima exigencia por las altas funciones que tenía encomendadas». La respuesta de la defensa de Matas fue dura. Acusó a la Abogacía de haber faltado a la «buena fe por un titular de periódico». «Esta parte ha mantenido lo que dijo en su momento. Está firmado y va a misa», sostuvo.
Por cauces más habituales fueron las acusaciones y las defensas sobre los dos encausados que se juegan una mayor condena, de cinco años de cárcel: el exdelegado del Gobierno, José María Rodríguez y la exsececretaria general de la Conselleria d’Interior, María Luisa de Miguel. El fiscal, Juan Carrau, insistió en que desde ese área se ordenó la contratación de Over para compensar los trabajos por la campaña popular y que uno de esos encargos no se llevó a cabo. La defensa de Rodríguez asegura lo contrario sobre el trabajo y niega la existencia de una orden política.
3 comentarios
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Todos al trullo chorizos verguenza me dais.
Que falsos e ipocrítas, ésta banda está condenada, fracasados............
La banda organizada intenta anular un juicio..? no puede ser, con lo ejemplares que son, bahh por una caja b.? por ser un partido condenado ? todo eso son minucias Sr, Juez... de mafia total.