Los empresarios reclaman que se cumplan los plazos legales para evitar retrasos en las licencias.

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La Comisión de Construcción de CAEB propone un plan de impulso económico que contempla el compromiso del sector para movilizar 2.000 millones de euros de inversión privada para reactivar la economía de Baleares, generando de forma inmediata más de 20.000 puestos de trabajo y dando solución al problema de emergencia social provocada por la falta de vivienda digna y asequible que arrastra la comunidad.

El presidente de la Comisión de Construcción, Óscar Carreras, puntualiza: «La drástica caída de la actividad turística, con las dramáticas consecuencias que ello supone para el bienestar de nuestra comunidad, y nuestro compromiso con la sociedad balear obliga al sector de la promoción y construcción inmobiliaria a asumir la responsabilidad de contribuir a la recuperación económica y social de las Illes».

Los empresarios del sector de la construcción, según Carreras, dan este paso para «contribuir a amortiguar el impacto brutal que supone la parálisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19».

Este plan de protección, impulso económico y modernización del sector de la promoción inmobiliaria y construcción en las Illes, según Carreras, «tiene como pilar básico la seguridad de nuestros trabajadores».

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En este sentido, la comisión puntualiza que los empresarios del sector se ofrecen activamente para impulsar una fórmula de colaboración público-privada sin precedentes en España implicando a todas las empresas «para cubrir todos los costes de los test y las pruebas necesarias tanto a nuestros trabajadores como a sus familiares, en coordinación con las autoridades sanitarias»

Carreras afirma que el compromiso de atraer la inversión privada de proyectos de construcción de vivienda a precio asequible «es en suelo urbano y por valor de más de 2.000 millones de euros para iniciar las obras de urbanización de forma inminente».

La comisión de CAEB no pide ningún trato de favor en cuanto a tramitaciones: «No estamos pidiendo una normativa especial ya que el Govern ha aprobado muy recientemente el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que incluye estas herramientas que pueden hacerse extensivas en el ámbito de la colaboración público-privada».

No obstante, Óscar Carreras puntualiza que «es responsabilidad de la administración cumplir de forma escrupulosa con los plazos legales para cada proceso para evitar retrasos que provocan un incremento de los precios». Afirma que el objetivo es crear empleo y fortalecer la economía.