Armengol, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Palma. | CATI CLADERA

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El documento sobre la reforma de la financiación que ha enviado Hacienda a las comunidades autónomas descarta compensaciones para la población flotante, una de las reclamaciones del Govern balear a la hora de afrontar los cambios este modelo que caducó hace siete años. Se trata de un primer documento de trabajo que se centra de momento en cómo definir la población ajustada de cada territorio, una de las muchas variables que tiene el modelo de financiación. La ministra lo ha enviado a las comunidades autónomas para que hagan sus aportaciones.

Con respecto a la población flotante, la propuesta señala que se trata un problema que afecta a competencias locales, como la gestión de los residuos o el abastecimiento y saneamiento de aguas, más que a competencias autonómicas. Añade que no tiene afectación para la educación, ya que para recibir educación previamente se debe estar empadronado, por lo que esa población deja de ser flotante. Con respecto al gasto en sanidad, el documento reconoce que efectivamente se pueden producir disfunciones por atender a la población flotante, pero añade que tampoco eso tiene consecuencias en la financiación ya que hay mecanismos de pago entre comunidades autónomas y con terceros países.

El estudio no dice nada de los turistas que llenan las Islas de mayo a octubre a los que hay que dar servicios de todo tipo, pero sí menciona a los inmigrantes. «Un planteamiento destinado a analizar si debe computarse de algún modo la población inmigrante exige evaluar si este conjunto de población requiere servicios con coste adicional respecto al resto de la población empadronada», señala el documento, que recuerda que la población inmigrante apenas representa un 10 % en España, cuando en Balears está cerca del 20 %.
El documento señala que el sector de las infraestructuras podría ser el más afectado por el concepto de población flotante. Señala que, para buscar ese mecanismo que compense la población flotante en el uso de infraestructuras debería tenerse en cuenta la superficie de los territorios y las distancias entre unidades de población, que sería el único método de ponderación.

El coste de la vida

Este primer documento tampoco atiende de forma directa a una de las peticiones del Govern a la hora de negociar un nuevo sistema de financiación: el de la superpoblación. De hecho, va en dirección inversa. Considera que debe compensarse la dispersión territorial, que es una de las reclamaciones que está haciendo la España que se vacía, aunque reconoce que es complicado encontrar unos indicadores adecuados para ello. Con respecto a la despoblación, otra de las demandas de varias comunidades autónomas, propone que se compense a través de fondos específicos.

El apunte

La insularidad se mantiene pero se calcula que en 2017 apenas supuso 88 millones

El primer documento con la nueva propuesta de financiación si mantiene la necesidad de que debe compensarse la insularidad y propone que se mantenga el texto que ya está en vigor en el sistema de financiación, es decir, que se tengan en cuenta los kilómetros que separan a las islas del continente. El documento hace una estimación de cuánto supone esa compensación y estima que, en el año 2017, supuso unos ingresos adicionales para el sistema de 88 millones de euros frente a los 375,9 millones que recibió Canarias porque allí se tienen en cuenta factores como la doble insularidad y la ultraperificidad.