Los dos últimos años han permitido seguir sobreviviendo, aunque sin beneficios para pagar su deuda, a muchas empresas castigadas por la crisis sanitaria. En la imagen, locales de Vía Sindicato cerrados durante la fase dura de la pandemia. | Efe

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La moratoria de concursos de acreedores fijada por el Gobierno para amortiguar los daños por la pandemia tocaba ayer a su fin, por lo que a partir de hoy se abre un escenario incierto para buena parte del tejido empresarial balear rejoneado por la crisis sanitaria primero y por la actual inflación después: se prevé que cientos de pymes presenten concursos de acreedores en los próximos meses. Concretamente, el ritmo empezará a acelerarse a partir de    septiembre, ya que las empresas disponen por ley de un plazo de dos meses para presentar el concurso una vez desaparecido el paraguas de la moratoria. Jordi Mora, presidente de la Patronal de la Pequeña yMediana Empresa de Mallorca (PIMEM), señala que «nuestra previsión es que a partir de octubre y hasta final de año no es que vayamos a ver un alud, pero sí un goteo constante de concursos».

Algunos economistas son especialmente críticos con la medida aplicada por el Ejecutivo central, ya que a la larga ha supuesto el aplazamiento de un problema que para muchas empresas que no tenían visos de mejora solo podía empeorar con el tiempo. Algo así como barrer escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Ese es el caso de Pau Montserrat, economista especializado en gestión de empresas y socio de Futur Legal, empresa dedicada precisamente a la administración concursal, quien considera que Balears vivirá «un récord de necesidad de concursos» durante los próximos meses.

«La moratoria en sí no tiene explicación porque ya era cuestionable como solución; podía tener un sentido momentáneo para algunas empresas con perspectivas de mejora después de la COVID». Es decir, empresas víctimas de una insolvencia coyuntural y previsiblemente transitoria. Ese no va a ser el caso para muchas empresas que a su juicio deberían haber presentado el concurso mucho antes –la moratoria lo convertía en una acción meramente voluntaria- y que con el retraso solo han empeorado su situación. «El riesgo siempre es mayor cuanto más se tarda».

De este modo, se espera que el fin de la moratoria saque a la luz sobre todo a muchas empresas zombi, esto es, que continúan activas pese a su insolvencia y su inviavilidad, ya que no generan no generan suficientes beneficios para pagar sus deudas. «Con la moratoria lo único que se ha hecho es encerrar estos muertos vivientes en el sótano». La mayor parte de estas empresas serán pymes, como pequeñas firmas auxiliares de la construcción o de la oferta complementaria, especialmente bares y comercios que operan en establecimientos alquilados.

El apunte

El ICO, acreedor mayoritario

Gran parte de los concursos que se presentarán tendrán al Instituto de Crédito Oficial (ICO) –presidido por José Carlos García de Quevedo (foto)– como acreedor. El Banco de España ha advertido de que hay 23.000 millones de euros que se concedieron en préstamo que están en riesgo de impago ante la insolvencia de muchas de estas empresas.