El plan de liquidación del Menorca Bàsquet, incluido en su lento proceso de disolución es la historia de nunca acabar. Desde que el juez del juzgado número 1 de Lo Mercantil de Palma, Víctor Fernández, aprobara el pasado 25 de septiembre la entrada de la SAD en la fase de liquidación -casi tres meses después de que lo anunciara el club-, continúa pendiente la firma del plan con los deudores públicos, Govern Balear y consorcio (Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento de Maó).
Tampoco se ha procedido todavía a la entrega de las llaves del Pavelló que, por tanto, continúan en manos de los gestores de la Sociedad Anónima Deportiva.
Administradores y consorcio solicitaron ayer al Juzgado la suspensión, sin fecha, de la nueva comparecencia que se había fijado para el próximo 14 de noviembre después de que la del día 24 de octubre, celebrada en el mismo Juzgado, hubiera resultado inútil. En aquella los administradores pretendían resolver el contrato de vinculación de la SAD con el consorcio respecto al pavelló, entregar las llaves y firmar un documento con el acuerdo de mínimos alcanzado por ambas partes respecto a las sumas que deben abonar las administraciones a la SAD y la reversión de bienes materiales del Pavelló. El abogado contratado por el consorcio, Pepe Seguí, rechazó esta doble operación entendiendo que la comparecencia obedecía exclusivamente a la recepción judicial y física de las llaves de la instalación.
Entonces ambas partes acordaron una nueva fecha, la del 14 de noviembre, para resolver las cuestiones pendientes con el propósito de que esta cita no llegara a celebrarse puesto que se trataba de redactar y firmar un documento sobre los acuerdos apalabrados que se alcanzaron el pasado 16 de octubre y presentarlos en el Juzgado antes de la fecha pactada. Sin embargo, no ha sido así.
Según explicó ayer Bartolomé Bover, administrador del Menorca Bàsquet, "el documento a firmar requiere unas formalidades internas y al parecer, debe ser revisado por personal técnico del Consell de Menorca que se encuentra de vacaciones".
Bover destacó que no existen mayores problemas porque los acuerdos existen "aunque son pactos de palabra que ahora deben quedar reflejados por escrito", incluyendo la resolución del contrato y sus consecuencias, las sumas que han de pagar con el calendario correspondiente, y la cláusula de reversión de los bienes materiales.
El acuerdo de mínimos alcanzado por ambas partes contempla que el consorcio debe abonar 109.000 euros de los 268.000 documentados. Además, el plan de liquidación presentado por los administradores al juez mantiene los 820.000 euros que adeuda el Govern Balear a la SAD, a través de IB3 (720.000) y directamente el propio Ejecutivo.
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