La convicción de que la legalidad avala las decisiones adoptadas respecto de la cantera de Son Sintas acompañó a Marc Pons y Joana Barceló en su comparecencia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó. El presidente del Consell y la portavoz y consellera de Turismo del Govern balear acudieron para declarar en relación a la querella presentada por el empresario Valeriano Allés, para quien Pons y Barceló cometieron presuntamente un delito de prevaricación en la tramitación del expediente que concluyó con la denegación de la licencia por parte del Consell para construir una fábrica de bloques en la cantera de Son Sintas, en Ciutadella.
El primero en llegar a la sede judicial del Paseo Marítimo fue el presidente de la institución insular. Pasaban diez minutos de las nueve de la mañana cuando Pons, acompañado del abogado Gabriel Garcías, entraba en el juzgado, sonriente, carpetas en mano. El presidente insular, responsable de Ordenación del Territorio en el momento a que se refieren los hechos investigados, declaró ante la juez Rebeca Martín Calvo durante una hora y cuarto aproximadamente. A su salida, Pons se negó a efectuar declaración alguna, emplazando a los medios de comunicación allí presentes a una comparecencia pública que tuvo lugar a las doce y cuarto en la sede del Consell en Maó.
A las diez y media, enérgica aunque sola llegaba Barceló a las dependencias judiciales. La juez le tomó declaración justo después de que saliese Pons, si bien el interrogatorio a quien fuera presidenta del Consell duró únicamente media hora. Según las explicaciones ofrecidas por la propia Barceló a la salida del Juzgado, la comparecencia sirvió "para responder a todas las cuestiones relativas a un expediente largo y complejo".
En este sentido, la ex presidenta reiteró que se sentía tranquila habida cuenta que el Consell, actuó de acuerdo a la legalidad vigente en la denegación de la licencia de Son Sintas, a la vez que mostró su respeto ante la decisión de Valeriano Allés de acudir a la vía penal toda vez que la jurisdicción contencioso-administrativa había dejado "claro" el asunto en favor del Consell. "Los ciudadanos tienen sus derechos y los ejercen del modo que consideran oportuno, entonces la Justicia pone en marcha los procedimientos que corresponde y nosotros colaboramos", explicó Barceló.
En la misma onda se manifestó Pons, quien en rueda de prensa afirmó sentirse "muy tranquilo", tras "haber dado respuesta a todas las cuestiones que podían suponer una sombra en el expediente" y al estar seguro de que "se habían hecho las cosas como tocaba". El presidente apuntó, además, que habían actuado con total transparencia, al no haber hecho valer, ni él ni Barceló, la condición de aforados de la que disfrutan por ser diputados autonómicos, para evitar la comparecencia.
Finalmente, Pons aseguró haber aportado la documentación pertinente relativa a los hechos y defendió la capacidad del Consell de subrogarse en el expediente de la fábrica de bloques ante la mora del Ayuntamiento de Ciutadella, "algo que está previsto en la normativa", aseveró.
Querellante
Esta subrogación es la piedra de toque de la querella presentada por el empresario ciutadellenc y, según su abogado, Jordi Tirvió, las explicaciones ofrecidas por Pons y Barceló no desacreditaron la versión de los hechos de Valeriano Allés. "Entendemos que faltaba legitimidad para asumir este expediente y solicitaremos más diligencias para demostrarlo", dijo.
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