Foro. Amador de la Peña, Isabel Petrus, Bartomeu Mesquida y Carlos Dubón participaron en el acto celebrado en Sant Climent - Javier

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La tasa de criminalidad en la Isla es de 40 delitos por cada 1.000 habitantes, una cifra similar a la del Estado y muy inferior a la tasa del conjunto de las Balears, que alcanza los 80 actos delictivos. Éste fue uno de los datos más significativos que se pusieron sobre la mesa en el Foro Menorca dedicado a la seguridad ciudadana en la Isla, celebrado ayer en el casino de Sant Climent. El encuentro reunió al magistrado del Juzgado de lo Penal y juez decano de la Isla, Bartomeu Mesquida; el ex inspector jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Maó, Amador de la Peña; el abogado Carlos Dubón y la empresaria Isabel Petrus, en representación de la Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME). El debate fue conducido por el director de contenidos del Grupo Editorial Menorca, Josep Bagur, y el subdirector de "Es Diari", Juan Carlos Ortego.

Amador de la Peña aseguró que la tasa de criminalidad en la Isla se asemeja a la media nacional y destacó la ausencia de hechos delictivos que provoquen alarma social, aunque reconoció que en ocasiones los robos se concentran en un lapso de pocos días. De la Peña constató el incremento de la tasa de criminalidad en la última década, sobre todo a partir de 2004, cuando se produce un cambio administrativo y se contabilizan los casos de violencia de género y las infracciones al código de circulación, lo que provoca un notable incrementos de la estadística. Afirmó que la tasa de criminalidad en España era en torno a los 50 delitos por cada 1.000 habitantes y que en Balears era del 80 por ciento, cifra que resultaba suavizada gracias a la tasa del 40 por mil de la Isla. Citó que la tasa en Suecia alcanzaba el 120, en el Reino Unido era del 105, Holanda el 85 y Francia el 63.

En este sentido, apuntó que no creía que el número de delitos en Suecia triplicase a los de Menorca, sino que hay un mayor número de denuncias. De la Peña reconoció la existencia de un repunte de la delincuencia contra el patrimonio, que ha coincidido con la salida de presión de personas condenadas, con una edad media de 34 años, que no se han insertado en la sociedad ni en el mercado laboral.
Isabel Petrus aseguró que vivimos en una época muy difícil y constató la preocupación de los comerciantes por los robos realizados a plena luz del día, debido a que el centro de Maó se queda vacío al no haber vecindario.

También citó el robo en una casa de la calle Sant Josep, en el que dos ancianas fueron amordazadas, hecho que coincidió con el allanamiento de la sede del PSM en la ciudad. Por ello, constató la preocupación de los ciudadanos por la proliferación de estos hechos delictivos tanto en comercios como en viviendas, aunque rehuyó en crear alarmismo social.

En este sentido, también expresó sus oposición a tomar medidas preventivas, a lo que De la Peña precisó la necesidad de cambiar de mentalidad y asumir una realidad social diferente a la tradicional. Petrus reconoció un mayor control de la vigilancia policial, lo que ha propiciado la disminución de los robos, y expresó su defensa del control urbano con cámaras de vigilancia, lo que reduciría el coste de la presencia de efectivos humanos.

Bartomeu Mesquida aseguró que España poseía el triste honor de poseer una tasa de 160 presos por 10.000 habitantes, cantidad que en Italia era inferior aún con una mayor población. Afirmó que la población había experimentado un incrementado del 20 por ciento, mientras que el número de reclusos había aumentado el 130 por ciento, con la circunstancia de que muchos de ellos volvían a reincidir.

En este punto, subrayó la dureza de la legislación española y aseguró que la estancia media en prisión por delitos cometidos era mayor que en el resto de Europa. Especificó que el Juzgado Penal de Maó enjuició a 196 personas en 2009, de las que 173 eran hombres, de ellos 144 españoles, y 23 mujeres, de las que 18 eran de nacionalidad española.

Mesquida subrayó la existencia de un control social muy alto en la Isla, que ejemplificó con la identificación de una persona por parte de la Policía Local, que resultó ser un policía secreta, debido a la indicación de una vecina que percibió su presencia anormal en el barrio.

Carlos Dubón fue tajante al negar un incremento de la inseguridad ciudadana y aseguró que todavía se puede pasear tranquilamente durante la noche por la calle. Aun así, reconoció que se habían producido unos hechos muy puntuales que, no obstante, deformaban las estadísticas sobre la seguridad ciudadana.