El Consell empieza las inspecciones en villas y apartamentos denunciados

La labor del Consell no se ha limitado, sin embargo, a ejercer la función inspectora para tratar de sacar a la luz las plazas no regladas que subsisten bajo una oferta, en muchos casos aparentemente ilegal. Consciente de que la mayor dificultad es probar que existe un uso turístico real de estas plazas, el conseller ha ordenado a los servicios jurídicos de Ordenación Turística del Consell que trabajen a fondo para preparar una argumentación técnica que ayude a establecer un nexo de unión válido, en términos jurídicos, entre la comercialización turística de estas plazas y su uso turístico. Explicó que, "desgraciadamente, desde el Consell hemos sufrido en nuestra contra algunos pronunciamientos de jueces y tribunales que no han entendido que la pura comercialización turística en internet de viviendas que carecían de licencia deba encuadrarse necesariamente en el tipo de ilícito penalizado en la Ley General Turística".
Este trabajo jurídico debe permitir, según Criado, que el Consell "gane eficacia en la evitación de este tipo de conductas". "Se trata –insistió- de elaborar una batería argumental que nos permita justificar que existe algún tipo de engarce entre los servicios turísticos que ofrecen estas webs y el ilícito resultante".

Al margen de estas consideraciones jurídicas, que imposibilitan, en algunos casos, que pueda llegarse hasta el final en la persecución de este tipo de irregularidades, los inspectores del Consell chocan, además, con un problema añadido: la entrada, de motu propio, en las viviendas que se sospecha carecen de licencia turística. En este sentido, Lázaro Criado recordó que "el Consell, en el despliegue de su función inspectora, debe cumplir como un sujeto pasivo más, y respetar la protección constitucional del domicilio". Según el conseller, "un chalé, o una villa, no deja de ser una vivienda, y, como tal, goza del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, recogido en el artículo 18 de la Constitución". Paradójicamente, este bien jurídico es, en muchos casos, el paraguas que sirve a los propietarios de chalés y de apartamentos no turísticos para resguarecerse de los efectos de la actividad inspectora de la Administración. "El ejercicio de la función inspectora –insistió- no nos faculta a entrar indiscriminadamente en un domicilio particular".

Tal como avanzó "Es Diari" en exclusiva en su edición del sábado, la patronal hotelera de Menorca ha enviado al conseller de Turismo información detallada sobre los servicios turísticos que se ofrecen a través de 50 páginas web, la mayoría británicas, para que compruebe si las 12.645 plazas que se ofertan en estos sitios disponen de las correspondientes autorizaciones. Las 50 solicitudes se acompañan de abundante documentación gráfica, con detalles de cada chalet, apartamento, villa, vivienda o casa rural, e impresiones de los contenidos de las diversas webs, donde se comprueba "fehacientemente" su comercialización turística. Algunas de estas páginas no aportan otra referencia que un número de teléfono. En total, se han denunciado 1.700 villas (10.416 plazas), 459 apartamentos (1.300 plazas), 99 casas rurales (495 plazas) y 119 casas urbanas (357 plazas). La información ha sido puesta en manos de los sindicatos.