Las organizaciones no lucrativas Caritas Diocesana, Moviment de Renovació Pedagògica, GOB, Fundació Hospital Illa del Rei, Associació Líthica, Fòrum 3er Mil·leni y Associació de Premsa Local reclamarán al Govern balear que anticipe los dos millones de euros que les adeuda de compromisos adquiridos, con la finalidad de solventar los problemas de tesorería que padecen para atender la ejecución de sus programas. Las siete entidades demandan un trato similar al que el Ejecutivo presidido por Francesc Antich ha dispensado al equipo de ACB ViveMenorca, por lo que piden la habilitación de un préstamo sin interés que se devolvería a medida que las entidades ingresen las ayudas comprometidas.
La secretaria general de Caritas, Antònia Florit, subrayó ayer que las siete entidades no lucrativas se caracterizan por realizar proyectos destinados a la mejora de las condiciones de vida de las personas y del entorno. En este sentido, aseguró que el Govern balear les adeuda en su conjunto unos dos millones de euros, lo que les ocasiona una importante falta de liquidez en el transcurso del tiempo en que desarrollan el programa o la actividad social, educativa, cultural, medioambiental o de recuperación del patrimonio histórico-artístico del que han obtenido el compromiso de ayuda económica por parte de la Administración.
Florit anunció que los siete colectivos han solicitado una reunión con el presidente del Govern, Francesc Antich y con el presidente del Consell, Marc Pons, para exponerles el problema y demandar una solución que les facilite disponer de liquidez para afrontar el pago de los profesionales y proveedores que intervienen en los programas que realizan durante el año. En este sentido, aseguró que las actividades desarrolladas por las diferentes asociaciones benefician a más de 50.000 personas e implican una plantilla de 85 profesionales y miles de asociados y voluntarios. También se refirió a la incertidumbre de las entidades sobre los recursos económicos que dispondrán para realizar los trabajos y lamentó los perjuicios que la excesiva demora en el pago de los convenios o subvenciones produce en el funcionamiento de las entidades. No obstante, aseguró que dichas asociaciones no dudan en realizar el trabajo con la máxima responsabilidad y excelencia.
El representante del GOB, Joan Florit, subrayó que los dos millones de euros que el Govern adeuda a las siete entidades puede incrementarse si se contabilizan el resto de asociaciones no lucrativas que operan en la Isla. Florit señaló que la actual coyuntura no era desconocida para las entidades, que han de ejecutar la actividad y después presentar los justificantes para obtener la ayuda económica comprometida. Florit reconoció la necesidad de controlar la gestión del dinero público, pero destacó la complejidad de la tramitación burocrática a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones en 2003. Además, recordó que el GOB ha solicitado de forma reiterada en los últimos seis años el anticipo de las subvenciones otorgadas para la realización de un programa específico, para evitar las dificultades económicas con las que tienen que hacer frente las entidades beneficiarias.
Florit expresó su respeto por las ayudas públicas a los clubes deportivos que juegan en la máxima división nacional, aunque reclamó un trato similar en la concesión de subvenciones a las entidades no lucrativas, al asegurar que dichas asociaciones también realizan una labor de primera división en varios frentes en el ámbito menorquín. Por último, recalcó que no se pide más dinero para realizar las actividades, sino que se adelante el pago del dinero comprometido.
La representante de Líthica, Marta Torn, incidió en la necesidad de que la Administración se haga cargo de los intereses generados por el préstamo, mientras que el representante del Fòrum 3er Mil·leni, Miquel À. Marquès, subrayó la existencia de otras muchas entidades de las poblaciones del centro de la Isla que padecen el mismo problema de falta de liquidez para afrontar el desarrollo de las actividades con compromiso de apoyo por parte de la Administración. En este sentido, Marquès aseguró que las entidades ejecutan los programas con personas preparadas y competentes.
El presidente de la Fundació Hospital Illa del Rei, el general Luis Alejandre, reconoció que el problema de la Fundación no puede compararse con el que padece Caritas, entre otras entidades, aunque sí quiso expresar su solidaridad con la mayoría de entidades no lucrativas. Alejandre precisó que la Fundación no sólo realiza su labor con los voluntarios, sino que también apuesta por las personas desempleadas a través del SOIB. Reivindicó el esfuerzo que la sociedad civil realiza a través de las entidades para dar respuesta a numerosas cuestiones que escapan de la Administración.
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