El pleno de Ciutadella ha dado marcha atrás en su decisión del 14 de septiembre de 2006, en que aprobó la valoración de 60 euros por metro cuadrado para el proceso de expropiación de los terrenos de Santa Rita, y pide ahora que se tengan en cuenta los 9,27 euros que se contemplan en el plan especial. Además se acordó iniciar los trámites para impugnar judicialmente la decisión, así como desestimar las alegaciones de Carlos Dubón Anglada y Carlos Dubón Llanes; Fernando Carlos y María Dolores Truyol; y de Juan Manuel Casasnovas Salva en representación de Úrsula Martí, United 40 S.L. y Margarita Salva Monjo, los propietarios afectados.
Anoche, el plenario, con los votos a favor del equipo de gobierno de PSOE y PSM, el apoyo de Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) y la desaprobación de Partido Popular y Grupo Mixto, acordó declarar lesivo para el interés general el acuerdo de pleno de hace cuatro años, y que fue el paso previo antes de que el Tribunal de Justiprecio fijara en 67,49 y 92,64 euros los diferentes solares de los cinco propietarios afectados. La alcaldesa, Pilar Carbonero, recordó que el anterior equipo de gobierno del PP fijó los 60 euros al "comparar" con otro proceso expropiatorio, el de S'Hort d'en Llinyà, valorados en 62 euros por metro cuadrado.
Sin embargo, el Consistorio ha dado ahora un paso atrás, después del informe del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que califica como "gravemente errónea" la valoración de 60 euros, ya que los terrenos fueron valorados a partir de una calificación equivocada.
Desde UPCM, su portavoz, Joan Triay, apoyó la declaración de lesividad, principalmente, por el ahorro que supondría para las arcas municipales, pero además, porque considera que "fue una monumental tomadura de pelo que el Ayuntamiento propusiera unos precios extremadamente altos, algo que no pasa en ningún otro municipio" a la hora de expropiar unos terrenos. "Así es como defendían ustedes el interés general", recordó Triay a quienes comandaron el equipo de gobierno anteriormente.
Por su parte, populares y Grupo Mixto se esforzaron en defender la legitimidad del acuerdo de hace dos años. Antònia Gener (PP) apeló a los derechos de los propietarios a ser indemnizados justamente por la expropiación, aunque también afirmó que "nos gustaría que fuera con la menor cantidad posible", a la vez que recordó que para S'Hort d'en Llinyà, el Tribunal Superior de Justicia de Balears incrementó el precio de expropiación. "No estamos de acuerdo con la declaración de lesividad sabiendo que para S'Hort d'en Llinyà se pasó de 60 a 92 euros por metro cuadrado, no hay garantías de éxito" de que interponiendo un recurso se abaratará el coste de la expropiación.
Por su parte, Antònia Salord (Grupo Mixto) criticó a la alcaldesa por "engañar a la opinión pública sacándose de la manga el informe" de la UPC, a la vez que defendió su gestión de las críticas que recibió de Joan Triay.
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