Puerto. El Consistorio fue excluido hace seis meses del Consejo en aplicación de la Ley de Puertos que pretende una reducción de gastos - Archivo

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El regreso del Ayuntamiento de Maó al Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha sido acogido con cierto recelo y reservas por la entidades y sociedades que forman parte activa de la vida del puerto.

El Consistorio fue excluido del Consejo hace seis meses en aplicación de la Ley 33/2010 de 5 de agosto que pretende la reducción de gastos y representantes en los órganos de debate y decisión públicos. Para unos, la decisión del Govern de ceder una de sus plazas al Consistorio no es más que un parche a una mala Ley de Puertos y para otros, aunque es una buena noticia, no servirá de nada si el Ayuntamiento de Maó mantiene el cicatero y escaso papel reivindicativo que como miembro del Consejo jugó tiempo atrás. También hay quienes ven ello una oportunidad inmejorable de dinamizar el puerto.

Así, para Justo Saura, presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (ASMEN) se trata de una noticia positiva, pero insiste en que el Ayuntamiento deberá jugar un papel destacado, más reivindicativo. Deberá trabajar para que las decisiones importantes sobre el puerto de Maó se tomen en Menorca y no en Palma. "Si trabajamos todos unidos podremos logra muchas más cosas y participar en el diseño general del puerto", señaló.

Por su parte, para el delegado de Iscomar en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, el acuerdo entre el Govern y el Ayuntamiento de Maó es una "mala solución provisional" que traslada "la patata caliente" al Govern que resulte elegido en las próximas elecciones autonómicas. En su opinión no es más que un "parche" a la nueva Ley de Puertos "hecha fuera de Balears y aprobada con los votos a favor de PSOE y PP, pero que discrimina a las islas menores como Menorca" en esta y otras cuestiones. Para Chinchilla la única solución viable pasa por la modificación de la ley y la introducción de las disposiciones adicionales incluidas en la anterior Ley de Puertos 48/2003 (y ahora derogadas) que otorgaban especial consideración a las Islas. Entre estas destacó la asunción por parte del Estado del coste de las infraestructuras necesarias en los puertos, el reconocimiento de una rebaja de los costes portuarios en el tráfico insular y las bonificaciones al transporte de pasajeros y mercancías interislas.

En opinión del presidente del Club Marítimo de Mahón, Nemesio Suárez, el hecho de que el Ayuntamiento tenga una silla dentro del órgano de decisión de APB es "una buena noticia para la ciudad de Maó" y una oportunidad para dinamizar la rada. "El Ayuntamiento tiene mucho que decir en estos casos. Gracias a la excelente colaboración que en su día tuvo el alcalde Borja Carreras con Autoridad Portuaria, la ciudad volvió su mirada al puerto", recordó. "Además todos los que convivimos en el puerto estamos condenados a entendernos con Autoridad Portuaria, añadió.