El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó informó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de las Balears ha dictaminado la readmisión del que fuera interventor municipal, Manuel Velarte, además de tener que pagarle todo el sueldo desde la fecha en que fue apartado de su puesto, una cantidad que asciende a 150.000 euros.
La historia se remonta a 2008, cuando el Ayuntamiento, gobernado en el aquel momento por PSOE-PSM y EM-EU, detectó problemas de tramitación administrativa y expedientes bloqueados. Tras una investigación para conocer de dónde provenían dichas irregularidades, se dictaminó un tratamiento inadecuado por parte de la intervención municipal y, en julio, se abrió un expediente disciplinario al trabajador.
Velarte fue suspendido de sus funciones en enero de 2009 a raíz de la incoación de un expediente disciplinario que concluía que el interventor había incurrido en tres faltas, como no hacerse cargo de las funciones que le habían sido encargadas, incumplir las funciones inherentes al lugar de trabajo, o la falta notoria de rendimiento.
Velarte acudió a la vía judicial asegurando que se había vulnerado su presunción de inocencia al suspender sus funciones antes de que el Govern balear, órgano competente, dictara una resolución final. A pesar de este paso, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears dio la razón al Consistorio mahonés en el cese decretado por Tur.
Ayer mismo, el Ayuntamiento recibía la sentencia en la que, finalmente y sin que haya opción a recurso, se anula el recurso contencioso administrativo por no ser ajustado a la legalidad del ordenamiento jurídico.
Asimismo, se condena al Consistorio a abonar a Velarte las retribuciones dejadas de cobrar desde que fue suspendido cautelarmente por el alcalde Tur, hasta que la reincorporación se haga efectiva.
El teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, aseguró que el Ayuntamiento deberá pedir un crédito para hacer frente a este gasto. "Aunque todo ello queda sin costas, está claro que no disponemos de 150.000 euros".
En su día, el cese del interventor levantó una importante expectación mediática, algo que se trasladó al terreno político y motivó el enfrentamiento entre equipo de gobierno y oposición, especialmente el Partido Popular. Cabe recordar que en el pleno que se votó el pronunciamiento del Consistorio sobre la tramitación del expediente, los concejales del Partido Popular decidieron abandonar sus sillas de concejales y se sentaron entre el público. "Nosotros ya dijimos cuando estábamos en la oposición que lo que se estaba haciendo no nos parecía correcto".
De hecho y tal como notifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, no se aprecia conducta ilícita alguna. Ahora habrá que esperar a que esta cuestión se trate en pleno y ver si Manuel Velarte desea volver a su antiguo puesto y cómo recibirá la cantidad que debe abonarle el Ayuntamiento.
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