Juzgados. Un hombre contempla el tablón en el que se anuncian los embargos hipotecarios en Maó - Gemma Andreu

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Cada día se producen 270 desahucios en España por no poder afrontar el pago de la hipoteca, de los cuales doce se registran en la comunidad balear. A la espera de que la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de 2011, que se presentará en marzo, revele nuevos datos sobre la magnitud de este drama social en las Islas, las plataformas de afectados por la hipoteca de diferentes regiones se unen para compartir experiencias y buscar "los pequeños resquicios que quedan para encontrar la salida más humana" a la experiencia de una ejecución hipotecaria, un procedimiento que la activista Rosana Montalbán no duda en calificar de "apisonadora".

Licenciada en Ciencias del Trabajo y portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Valencia, Montalbán ofrecerá una charla mañana sábado (18 horas), en el edificio Calabria de Maó, durante el acto de presentación de la plataforma hermana de Menorca, y lo hará junto a la coordinadora jurídica de la PAH valenciana, la abogada María José Guiralt.

Solidaridad
No es extraño que el movimiento social de afectados por la hipoteca tenga fuerza en la Comunidad de Valencia, donde funciona desde hace dos años. En la cresta de la ola inmobiliaria que recorrió España en los últimos años, la caída de muchas familias endeudadas, al llegar la crisis, ha sido dura. Es el territorio que lidera el número de desahucios diarios, un total de 72, explicó ayer Rosana Montalbán, quien se ha unido a la plataforma no como afectada, "yo tengo un préstamo pero puedo hacer frente", matiza, sino por compromiso social. "Sentimos la necesidad de organizar esta plataforma para dar a la gente una solidaridad que no estaba encontrando, cuando se iban a la calle y con una condena de por vida, sin que se les permita tener una segunda oportunidad", señaló.

Porque detrás de las cifras de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios hay personas.
"Hoy echaban a una familia con dos hijos de 13 y 11 años, en marzo hay otro caso de unos padres con tres niños, y también otro de una pareja joven que arrastra a la madre de uno de ellos, de 85 años de edad y un alto grado de dependencia, que ya pagó su casa pero les hizo de avalista", relató la portavoz de la PAH de Valencia. "Mucha gente no tiene una red familiar que les pueda acoger y no hay forma de hallar una vivienda de alquiler para ellos, porque aparecen como morosos".

La vergüenza, la culpabilidad y la depresión hacen mella en muchas personas amenazadas de desahucio, explicó Montalbán, que no quieren que se les ayude a frenar el proceso, no quieren estar en el punto de mira de sus vecinos, amenazan incluso con el suicidio.

Para Montalbán es "una vergüenza" que la Administración no sea "corresponsable" con estas situaciones, ofreciendo alquileres sociales, y sin embargo "se rescate con dinero público a las entidades bancarias".

"Brindis al sol"
El anuncio realizado por el Gobierno de que permitirá la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos adicionales ha sido acogida con reticencias por parte de las plataformas de afectados. "Para mí es un brindis al sol", declaró Rosaba Montalbán, "porque se incluye dentro de un código ético que se plantea a los bancos, cuando debería garantizarse por ley". Para la activista es una medida "justa y necesaria" porque "el objeto del préstamo ha sido el inmueble, pero nuestra legislación hipotecaria es leonina", afirmó, alejada de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. "En países de la Unión Europa existe esta figura, en Francia este invierno se acordó una moratoria de desahucios, e incluso en Estados Unidos se contempla", subrayó.

La fórmula anunciada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, sólo persigue, según Montalbán, "lavar la cara al Gobierno" y se mantiene "en la línea de rescatar e inyectar dinero público a los bancos, es insuficiente y desafortunada", porque sigue dependiendo de un pacto entre las partes, donde la fuerza la tiene el banco. "¿Para cuándo un rescate a la ciudadanía que lo está pasando mal?", se pregunta.