La unanimidad es clara. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia ha obtenido la oposición frontal de jueces, abogados y fiscales, que afirman que esta norma impulsada por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruíz Gallardón es "totalmente contraria" a los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española.
Desde Menorca, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Maó, Fernando Pinto afirmó ayer que esta ley busca "una reducción de la litigiosidad con el encarecimiento de la Justicia, y al tener que pagar, mucha gente no se lo podrá permitir".
Tan claro es el asunto que "a jueces, fiscales y abogados no nos gusta esta medida, porque sólo quien tenga dinero tendrá acceso para pleitear, nadie recurrirá", avanza.
En esta misma línea se pronunció también el delegado en Menorca del Colegio de Abogados de Balears, Pedro Monjo, quien afirmaba incluso que "esta ley ha hecho que, por primera vez, toda la judicatura se haya puesto de acuerdo en algo, porque es una medida absolutamente contraria a la tutela judicial efectiva, al derecho de los ciudadanos a que los tribunales defiendan sus derechos".
Fernando Pinto señala que un juicio ordinario para reclamar más de 6.000 euros tendrá una cuota fija de 300 euros, más un 0,5 por ciento de la cantidad a percibir mientras que ésta no exceda del millón de euros. Cuando supere esta cifra el porcentaje se reducirá al 0,25 por ciento. Así, el magistrado asegura que en un supuesto de un accidente de tráfico, en caso de tener razón y tener derecho a indemnización, el afectado deberá pagar ese tanto por ciento de lo que perciba. "Esta ley afecta en dos sentidos, reclamar por una factura de 600 euros implica una tasa de 150 euros más el 0,5 por ciento de lo que se pide, son casi 200 euros". Y por otro lado, "afecta también a grandes sumas".
Exceso de trabajo
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Maó señaló que "hay un gran retraso en la tramitación porque hay más casos que capacidad para resolverlos". Tan es así, que Pinto asegura que en la Isla "la tasa de entrada de juicios civiles es muy elevada, es de alrededor de un 150 por ciento mayor de lo que debería entrar, según el juzgado".
Sin embargo, el delegado del colectivo de abogados señala que esta ley no puede ser la solución al problema. "En Menorca, a estas alturas del año llevamos un 15 por ciento más de turnos de oficio que todo 2011, porque la situación actual genera mayor conflictividad". Algo a lo que se le añade, además, el hecho de que "Menorca es la isla que está peor en todos los sentidos, y esto puede afectar a las clases medias más perjudicadas, lo que hará que haya menos trabajo para los abogados". Con todo eso, Pedro Monjo afirma que el problema de la "Administración de Justicia en Menorca es la falta de jueces, porque la Isla es un destino poco atractivo, en verano bien, pero los inviernos son duros, no hay comunicaciones, es caro y la gente se aburre, por eso piden el traslado enseguida que pueden".
Monjo asevera que "todo esto viene de lejos, hace tiempo que se estaba gestando esta ley" y recordó también que el colegio al que pertenece lleva tiempo convocando "manifestaciones, elaborando escritos y manifestando nuestro posicionamiento contrario, pero no nos han hecho ningún caso". Porque "las tasas no pueden usarse para quitar el colapso de los juzgados", ya que con eso las clases medias y medias-bajas no tendrán la opción de defenderse de las injusticias que puedan afectarles. "Tendrán que pensárselo mucho antes de pleitear", pues habrá que ver si sale a cuenta o no, aún teniendo toda la razón.
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