La paralización provisional del dragado del puerto por la Fiscalía fue acogida con satisfacción y cautela en la Isla. Mientras el GOB destacó que el caso llegó al Ministerio Público gracias a una denuncia puesta por el grupo ecologista ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), el Ayuntamiento de Maó expresó su confianza en la Justicia.
El PSOE lamenta en su caso que haya sido la Fiscalía y no el Ayuntamiento de Maó, el Consell o el Parlament quien haya velado porque el dragado se realice con plenas garantías. Por su parte, el alcalde de Sant Lluís, Cristóbal Coll, confía en que la resolución judicial tranquilice finalmente los ánimos y relaje las tensiones vividas en las últimas semanas. El delegado de APEAM en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, recuerda que en enero algunos empresarios y los grupos ecologistas ya habían advertido a la Autoridad Portuaria de errores en los estudios realizados en la zona a dragar. Finalmente el PSM denuncia el "chantaje" que APB hace a los menorquines al amenazar con restringir el acceso de los buques y cruceros con mayores calados y por tanto limitar la actividad económica del puerto de Maó.
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