El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, anunció ayer que el Consorci de Disciplina en Sòl Rústic inspeccionará las obras del hotel rural de Torralbenc, después de que el pasado viernes se formalizara la entrada de una denuncia por parte del PSM. "Una vez levantada el acta correspondiente, se incoará el expediente para que el denunciado pueda alegar lo que considere oportuno. Esta denuncia se tramitará de acuerdo con el protocolo establecido", aseguró.
Cristóbal Huguet aprovechó un receso de la sesión plenaria celebrada ayer por el Consell para explicar que la normativa vigente contempla el papel coadyuvante de la institución insular en el control de la disciplina urbanística en el suelo rústico, refiriéndose a la posición subordinada para velar por la legalidad vigente con respecto a la institución municipal, en este caso, el Ayuntamiento de Alaior. Huguet aludió a la eficacia y a la eficiencia para justificar que la iniciativa de control e inspección fuera asumida por una administración pública y no otra. "Se dijo a los inspectores que lo comunicaran al Ayuntamiento de Alaior y que en todo caso fueran juntos, aunque no sucedió así. Lo mejor era que la inspección fuera realizada por los servicios municipales, aunque el Ayuntamiento también lo puede trasladar al Consorcio", aseguró.
En cuanto al debate estrictamente plenario sobre la propuesta presentada por el PSOE en relación a la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico, el conseller socialista Joan Marquès cuestionó una respuesta escrita de Cristóbal Huguet al PSM en la que éste aseguraba que los inspectores del Consorci de Disciplina en Rústic no podían actuar en obras que no disponían de la preceptiva licencia.
La consellera del PSM Maite Salord aseguró compartir la preocupación de los socialistas sobre el funcionamiento del consorcio desde que es gestionado por Cristóbal Huguet. Salord recordó la denuncia de presuntas irregularidades del aparcamiento de Cala Mitjana y de Torralbenc que merecieron el silencio o en su caso la respuesta de que el consorcio no era competente. También cuestionó que el PP defendiera en su programa la seguridad jurídica, aunque no lo hiciera de hecho
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